Los restos GILISTAS y una ciudad saqueada

El panorama que se encontró la Comisión Gestora fue simplemente desolador. Unas arcas municipales vacías, largas listas de acreedores, intereses parasitarios campando a sus anchas por el Ayuntamiento, una ciudad sin servicios. La ciudad tardará muchos años en recuperarse. Pero el peor de los males no es un ayuntamiento sobredimensionado, ni la enorme deuda municipal, ni siquiera la falta de servicios públicos. Lo peor es el mensaje enviado a la sociedad. El Gilismo sociológico sigue vivo. Centenares de ciudadanos acuden al Ayuntamiento exigiendo un trabajo. Miles de Marbellíes siguen viviendo en la esperanza del lucro fácil del pelotazo inmobiliario. Para recuperar la normalidad, lo primero que hace falta es ejemplaridad pública.

La forma de gestionar las administraciones del GIL ha impregnado a distintas administraciones. Por ejemplo, tanto PSOE como PP se han repartido los mejores salarios de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con escasas competencias reales, pero con un abultado presupuesto de 65 millones de euros. Este organismo se gastará en sueldos durante el año 2008 dos millones de euros, de los que más del 46 % será para el personal de confianza. Estos cargos cobran 41.000 euros anuales y entre su larga nómina encontramos a “destacados profesionales” como una hermana menor de la Alcaldesa de Marbella o al hijo de la Presidenta de Honor del PP. Por el lado socialista, está el ex alcalde de Ojén Juan Pedro Gómez Sánchez o el ex edil Diego Lara. Tampoco se libra Izquierda Unida, quien a través del presidente de la mancomunidad, Juan Sánchez, ha contratado a un chófer como personal de confianza al más puro estilo capitalista. Pero no sólo hay familiares y amigos, también políticos sin cargo, personas que tuvieron responsabilidades de gobierno que han sido contratadas en agradecimiento de los servicios prestados al partido.

La ciudad necesita dirigentes políticos de honradez probada cuyo comportamiento sea ejemplo para el resto de la sociedad. También urge una recuperación de la conciencia ciudadana frente a la cultura del vasallaje fomentada por el GIL. El ciudadano debe exigir transparencia y moralidad en la gestión de lo público. Es preciso desterrar el prestigio social otorgado a las fortunas de origen desconocido, así como la admiración por el enriquecimiento fácil. Debe inculcarse una cultura de esfuerzo y rectitud frente a la cultura del pelotazo y el enchufismo fomentada desde las mismas instituciones durante tanto tiempo. Los medios de comunicación han de romper los vínculos con las instituciones públicas, materializada con una complacencia sedante del ciudadano. Debe desaparecer la idea del político profesional como formula de éxito social. La economía de la ciudad tiene que diversificarse para no volver a depender de la industria del ladrillo tan intensiva en el uso de un recurso escaso como es la tierra.

La solución pasa por todos

La gran mayoría de las corruptelas quedarán impunes. Es tarea de los órganos jurisdiccionales, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado procurar la persecución de unos delitos que repercuten directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos y que amparan al crimen organizado. Gran parte de los delitos provienen del poder corruptor de la mafia. El origen de los fondos en la mayoría de los casos son los paraísos fiscales, o los países donde se perpetra el crimen originario (Rusia, Colombia, México). La regulación de las instituciones financieras se convierte en una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado. Paraísos fiscales como Gibraltar o Andorra deben cesar en el amparo del dinero sin origen conocido. Es dinero marcado con sangre y dolor humano. La creación de un cuerpo de inspectores en el marco del Banco Central Europeo se hace necesario para que ningún país de la Unión Monetaria Europea sea refugio de narcotraficantes o traficantes de seres humanos.

Los trágicos atentados del 11 – S marcaron un antes y un después en la actitud de los Estados Unidos en cuanto a los fondos de origen desconocido, sin embargo todavía se percibe una falta de colaboración de determinados gobiernos que, siendo el destino de las inversiones “legales” del crimen organizado, no quieren renunciar a los suculentos ingresos fiscales que se derivan de sus inversiones. Sin ir más lejos, en manos del gobierno del Reino Unido está el obligar a su colonia en suelo español a que deje de parasitar la economía española, convirtiéndose en refugio de todas las actividades económicas indeseables de la sociedad. Las fórmulas de presión son muchas, desde las de origen legislativo, a las de presión, como la prohibición de los vuelos comerciales e incluso las restrictivas del tránsito de personas.

Con respecto a la corrupción de las instituciones públicas, tan sólo podemos aspirar a erradicar las condiciones que la favorecen. En tanto la misma corrupción sea parte inherente de la naturaleza humana, poco podremos hacer para erradicarla en su totalidad. Que duda cabe que la lucha debe ser más intensa en aquellos lugares donde se han dado las condiciones favorables para su aparición en municipios costeros de afluencia turística con gran actividad inmobiliaria durante estos años. En la Costa del Sol se ha sufrido un intento de consolidar una estructura mafiosa de tamaño similar a las de Sicilia, Moscú, Hong-Kong o la yakuza japonesa. Que hayan fracasado una vez no significa que no vuelvan a intentarlo.

Según un reciente informe del Banco Mundial, el 23 por ciento de la economía nacional se encuentra oculta a las autoridades, bien por motivos de evasión fiscal, bien por su ilegalidad. Una estrategia muy eficaz contra este delito, es perseguir el blanqueo de los ingresos. Si quieren detener a los criminarles, un buen comienzo es detener a sus abogados que no se limitan a asistirles en la defensa, sino que se encuentran enmarcados dentro de la organización con una función tan clave como la legalización de los ingresos.

Tanto el PP como el PSOE se lanzan ahora a realizar propuestas contra la corrupción, cuando son ellos los que la permitieron. No obstante algunas de sus propuestas son interesantes. El Partido Popular ha propuesto el endurecimiento de las penas por corrupción, mientras que el Socialista propone la publicación del patrimonio de los cargos de confianza, antes y después de su paso por la política. Ambas propuestas son buenas, pero insuficientes. No resulta extraño que un concejal de urbanismo tenga familiares dedicados a la construcción. Resulta difícil impedir que esto sea así, puesto que las incompatibilidades no se pueden extender más allá de la persona que ejerce el cargo. No obstante, si que se pueden fiscalizar las empresas de los familiares con intereses coincidentes con las competencias del concejal.

Son sencillas las medidas necesarias, pero de difícil implementación dados los intereses económicos en juego. Del éxito de nuestros responsables políticos depende el bienestar de los ciudadanos.