lunes, 21 de junio de 2010

Los restos GILISTAS y una ciudad saqueada



El panorama que se encontró la Comisión Gestora fue simplemente desolador. Unas arcas municipales vacías, largas listas de acreedores, intereses parasitarios campando a sus anchas por el Ayuntamiento, una ciudad sin servicios. La ciudad tardará muchos años en recuperarse. Pero el peor de los males no es un ayuntamiento sobredimensionado, ni la enorme deuda municipal, ni siquiera la falta de servicios públicos. Lo peor es el mensaje enviado a la sociedad. El Gilismo sociológico sigue vivo. Centenares de ciudadanos acuden al Ayuntamiento exigiendo un trabajo. Miles de Marbellíes siguen viviendo en la esperanza del lucro fácil del pelotazo inmobiliario. Para recuperar la normalidad, lo primero que hace falta es ejemplaridad pública.

La forma de gestionar las administraciones del GIL ha impregnado a distintas administraciones. Por ejemplo, tanto PSOE como PP se han repartido los mejores salarios de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental con escasas competencias reales, pero con un abultado presupuesto de 65 millones de euros. Este organismo se gastará en sueldos durante el año 2008 dos millones de euros, de los que más del 46 % será para el personal de confianza. Estos cargos cobran 41.000 euros anuales y entre su larga nómina encontramos a “destacados profesionales” como una hermana menor de la Alcaldesa de Marbella o al hijo de la Presidenta de Honor del PP. Por el lado socialista, está el ex alcalde de Ojén Juan Pedro Gómez Sánchez o el ex edil Diego Lara. Tampoco se libra Izquierda Unida, quien a través del presidente de la mancomunidad, Juan Sánchez, ha contratado a un chófer como personal de confianza al más puro estilo capitalista. Pero no sólo hay familiares y amigos, también políticos sin cargo, personas que tuvieron responsabilidades de gobierno que han sido contratadas en agradecimiento de los servicios prestados al partido.

La ciudad necesita dirigentes políticos de honradez probada cuyo comportamiento sea ejemplo para el resto de la sociedad. También urge una recuperación de la conciencia ciudadana frente a la cultura del vasallaje fomentada por el GIL. El ciudadano debe exigir transparencia y moralidad en la gestión de lo público. Es preciso desterrar el prestigio social otorgado a las fortunas de origen desconocido, así como la admiración por el enriquecimiento fácil. Debe inculcarse una cultura de esfuerzo y rectitud frente a la cultura del pelotazo y el enchufismo fomentada desde las mismas instituciones durante tanto tiempo. Los medios de comunicación han de romper los vínculos con las instituciones públicas, materializada con una complacencia sedante del ciudadano. Debe desaparecer la idea del político profesional como formula de éxito social. La economía de la ciudad tiene que diversificarse para no volver a depender de la industria del ladrillo tan intensiva en el uso de un recurso escaso como es la tierra.

La solución pasa por todos

La gran mayoría de las corruptelas quedarán impunes. Es tarea de los órganos jurisdiccionales, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado procurar la persecución de unos delitos que repercuten directamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos y que amparan al crimen organizado. Gran parte de los delitos provienen del poder corruptor de la mafia. El origen de los fondos en la mayoría de los casos son los paraísos fiscales, o los países donde se perpetra el crimen originario (Rusia, Colombia, México). La regulación de las instituciones financieras se convierte en una pieza clave en la lucha contra el crimen organizado. Paraísos fiscales como Gibraltar o Andorra deben cesar en el amparo del dinero sin origen conocido. Es dinero marcado con sangre y dolor humano. La creación de un cuerpo de inspectores en el marco del Banco Central Europeo se hace necesario para que ningún país de la Unión Monetaria Europea sea refugio de narcotraficantes o traficantes de seres humanos.

Los trágicos atentados del 11 – S marcaron un antes y un después en la actitud de los Estados Unidos en cuanto a los fondos de origen desconocido, sin embargo todavía se percibe una falta de colaboración de determinados gobiernos que, siendo el destino de las inversiones “legales” del crimen organizado, no quieren renunciar a los suculentos ingresos fiscales que se derivan de sus inversiones. Sin ir más lejos, en manos del gobierno del Reino Unido está el obligar a su colonia en suelo español a que deje de parasitar la economía española, convirtiéndose en refugio de todas las actividades económicas indeseables de la sociedad. Las fórmulas de presión son muchas, desde las de origen legislativo, a las de presión, como la prohibición de los vuelos comerciales e incluso las restrictivas del tránsito de personas.

Con respecto a la corrupción de las instituciones públicas, tan sólo podemos aspirar a erradicar las condiciones que la favorecen. En tanto la misma corrupción sea parte inherente de la naturaleza humana, poco podremos hacer para erradicarla en su totalidad. Que duda cabe que la lucha debe ser más intensa en aquellos lugares donde se han dado las condiciones favorables para su aparición en municipios costeros de afluencia turística con gran actividad inmobiliaria durante estos años. En la Costa del Sol se ha sufrido un intento de consolidar una estructura mafiosa de tamaño similar a las de Sicilia, Moscú, Hong-Kong o la yakuza japonesa. Que hayan fracasado una vez no significa que no vuelvan a intentarlo.

Según un reciente informe del Banco Mundial, el 23 por ciento de la economía nacional se encuentra oculta a las autoridades, bien por motivos de evasión fiscal, bien por su ilegalidad. Una estrategia muy eficaz contra este delito, es perseguir el blanqueo de los ingresos. Si quieren detener a los criminarles, un buen comienzo es detener a sus abogados que no se limitan a asistirles en la defensa, sino que se encuentran enmarcados dentro de la organización con una función tan clave como la legalización de los ingresos.

Tanto el PP como el PSOE se lanzan ahora a realizar propuestas contra la corrupción, cuando son ellos los que la permitieron. No obstante algunas de sus propuestas son interesantes. El Partido Popular ha propuesto el endurecimiento de las penas por corrupción, mientras que el Socialista propone la publicación del patrimonio de los cargos de confianza, antes y después de su paso por la política. Ambas propuestas son buenas, pero insuficientes. No resulta extraño que un concejal de urbanismo tenga familiares dedicados a la construcción. Resulta difícil impedir que esto sea así, puesto que las incompatibilidades no se pueden extender más allá de la persona que ejerce el cargo. No obstante, si que se pueden fiscalizar las empresas de los familiares con intereses coincidentes con las competencias del concejal.

Son sencillas las medidas necesarias, pero de difícil implementación dados los intereses económicos en juego. Del éxito de nuestros responsables políticos depende el bienestar de los ciudadanos.

La regeneración democrática de Marbella



En alguna ocasión se había procedido a disolver algunas pequeñas pedanías en Castilla y León, pero era la primera vez que auténticamente se liquidaba un gobierno salido de las urnas en la democracia española. Disuelto el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Málaga, presidida por Salvador Pendón recibió el encargo de formar una comisión gestora que dirigiera a Marbella hasta las elecciones municipales a celebrarse en un año. El Partido Popular sabía que era un momento óptimo para las elecciones, por eso se lanzó a la calle recogiendo 50000 firmas para forzar su convocatoria. El día que se presentaron las firmas Chaves acudió a Marbella con Paulino Plata, futuro candidato a la alcaldía, para presentar un “Decálogo de actuaciones en Marbella” y respaldar así la formación de la comisión gestora.

Antes de nada era preciso aprobar un reglamento para la constitución de la gestora. Por parte del PSOE negociaban Pendón y Marisa Bustinduy, Secretaria General del PSOE en Málaga. Por parte del PP se encontraban Joaquín Ramírez y Francisca Caracuel, mientras que por parte del Partido Andalucista acudió un Pedro Pérez (todavía no imputado) que ni siquiera se había leído el borrador del Reglamento cuando llegó tarde a la reunión. En primer lugar se decidió sobre quien recaería la presidencia, que lógicamente fue asignada al PSOE, el resto de partidos se conformó con una vicepresidencia. Posteriormente se pasó a asignar las vocalías que se harían cargo de las distintas competencias municipales. El primero en decidir fue el PSOE que eligió urbanismo, posteriormente el Partido Popular optó por hacienda e Izquierda Unida asuntos sociales. Decididas las áreas de actuación se negoció el Reglamento que regularía la primera gestora que sustituía a los representantes democráticamente elegidos por el pueblo.

El equipo del Partido Socialista estaba encabezado por el abogado malagueño Diego Martín Reyes, quien paradójicamente fue el abogado del primer esposo de Isabel García Marcos en su divorcio. Para depurar el área urbanística se eligió a Rafael Duarte, un joven abogado quien en el ejercicio de su profesión había redactado el convenio sobre la finca “La Parrada” que llevó al alcalde de Manilva Pedro Tirado a la cárcel por el caso Ballena Blanca. Duarte también había ayudado a Ecologistas en Acción en algunas de las denuncias contra el Ayuntamiento de Marbella. Su estrecha relación con Javier de Luis lo llevó a nombrarle coordinador del área urbanística. La elección de los vocales del Partido Popular fue polémica desde el principio. La cabeza visible era el conocido abogado Salvador Guerrero quien defendía en su despacho a varios imputados en la operación Malaya. El hecho de que no quiera renunciar a su defensa, dejaba sus funciones en un claro conflicto de competencias.

Salvador Guerrero llegó a tomar posesión de su cargo, pero dimitió a las pocas horas debido a una llamada de Antonio Sanz, Secretario General del Partido Popular de Andalucía a Ángeles Muñoz. No obstante fue Francisca Caracuel, mano derecha de Ángeles Muñoz, quien le pidió que renunciara a su acta de vocal de la gestora. Paradójicamente ella había sido la impulsora de su elección. Por parte de Izquierda Unida se eligió a un joven y prometedor periodista, Rafael Díaz y a Miguel Zorrilla. El Partido Andalucista escogió a dos técnicos municipales, Ricardo García Moro y Florentino Pérez.

Los dieciséis elegidos fueron convocados en el plenario de la Diputación el día de la aprobación del Reglamento para aceptar su nombramiento, que entre otros asuntos contemplaba la obligación de no concurrir como candidatos en las próximas elecciones municipales. La expectación era impresionante. Docenas de medios de comunicación esperaban el desarrollo de los acontecimientos como algo histórico y allí dieciséis personas, la mayoría sin experiencia política se enfrentaban a un asunto tan desconocido como complicado. La labor de la Gestora no fue sencilla, puesto que se encontraron un Ayuntamiento en un estado ruinoso. Muy pronto pudieron comprobar hasta que punto la financiación muncipal era irregular y que la única forma de pagar la cuantiosa nómina de los trabajadores por métodos formales era acudir a un crédito extraordinario de la Junta de Andalucía. Durante algunos meses se temió que no hubiera suficientes fondos para las cuantiosas nóminas de los trabajadores motivo por el cual el presidente de la Gestora llegó a advertir que “los Ayuntamientos no quiebran, pero si que dejan de pagar”. Finalmente el dinero llegó en forma de “anticipo reembolsable” otorgado por la Junta de Andalucía. Para la concesión del anticipo hizo falta la aprobación de una ley específica, lo que despertó la suspicacias de otros Ayuntamientos que acudieron al Consejero de Economía para recibir el mismo trato financiero que Marbella. Griñán respondía a los alcaldes que para concederles el anticipo primero tendrían que retirar las competencias y después disolverlos. Lógicamente los alcaldes volvían con el rabo entre las piernas y sin un euro para sus arcas municipales maltratadas por la crisis inmobiliaria.

Conseguidos los fondos necesarios para el normal funcionamiento de la Gestora, el Ayuntamiento comenzó la revisión de licencias, concesiones y convenios. Rafael Duarte se hizo cargo de la revisión de 700 de las 1400 licencias ilegales otorgadas durante el Gilismo. Este procedimiento no está sujeto a la voluntad de la administración, es una obligación reglada por ley. La Junta de Andalucía estaba muy interesada en la revisión puesto que la figura jurídica del delito contra la ordenación del territorio sólo existía a partir de 1997 y por tanto la revisión administrativa era el único camino que les quedaba. Con todo, han quedado otras 700 licencias pendientes de revisar y el nuevo ayuntamiento nacido de las urnas se ha negado en rotundo a proceder. El motivo es la posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento al haber realizado un acto administrativo lesivo contra la sociedad. No obstante, aun cuando el Ayuntamiento de Marbella no pudiera hacer frente a las responsabilidades derivadas de sus actos, la Junta de Andalucía es responsable civil subsidiaria de los actos que lo permitieron, porque es la responsable de la supervisión de la actividad urbanizadora de los ayuntamientos y reaccionó tarde ante los desmanes de Gil. Una de las revisiones más importantes, por su cuantía, fue la del Centro Comercial que el Corte Ingles tiene en Puerto Banús. Su ampliación, más de 5000 metros de suelo comercial, se ejecutó sin la licencia necesaria, sobre un suelo destinado a ser equipamiento público. La gestora, a iniciativa del vocal de urbanismo, impuso una sanción de seis millones de euros sobre el centro comercial provocando una desairada reacción del Ministerio de Comercio.

Paralelamente, José María Ruiz Povedano, Director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía en Marbella atendía a los representantes de los interesados en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Por su oficina pasaron distintos personajes, desde los promotores que querían legalizar sus irregularidades, hasta un empresario que pretendía levantar una torre de más de 30 plantas en un solar que había adquirido del Instituto Nacional de Industria. Tuvo más interés la visita del antiguo funcionario de urbanismo, y actual Director de Planeamiento, Federico Guardabrazos, en representación del empresario imputado en la operación Malaya, Cristóbal Peñarroya. Se trataba de la tramitación de un Plan Parcial denominado “La Reserva de Marbella”. La citada urbanización es un proyecto de más de 3000 viviendas. Entre las visitas curiosas encontramos la de José María Rosell, administrador de Hoteles Playa, S.A. El redactor del Proyecto de ejecución del inmenso edificio que domina el corredor verde del Arroyo Guadalpín es Montaner, quien fuera Delegado de Urbanismo de la Junta de Andalucía.

Asimismo Rosell está casado con Maria del Mar Agüero Ruano, senadora y presidenta del Partido Popular en Almeria, así como secretaria segunda en la comisión de medio ambiente del partido.

No es de extrañar que José Maria Rosell, presidente de la patronal de empresarios no se preocupara cuando Isabel García Marcos dijo que “no le temblaría el pulso para firmar la demolición del Hotel Senador”. Paradójicamente, no le tembló para conceder todos los permisos. REPETIDO

Rosell no mostró preocupación a Povedano, a pesar de que el hotel se encontraba en terrenos calificados como “equipamiento público”. UNICAJA en lugar de dotar a la sociedad de servicios públicos, tal y como rezan sus estatutos, se los quita. Pero Rosell sabía que no tendría ningún problema, esta era la respuesta que daba a en un entrevista, publicada en la revista “Galería de Empresarios Andaluces”

"Nos ofrecieron un terreno en Marbella, una finca libre de cargas, la compramos, el Ayuntamiento nos dio la licencia y ahora nos dicen que no se ajusta al plan del 86. Si en el futuro se impone el sentido común, se tendrá que resolver. Este hotel no es producto de ningún convenio".

El problema es que la finca no estaba libre de cargas, la licencia era ilegal y ellos conocían la demanda interpuesta por la Junta de Andalucía ante el Superior de Justicia. El Hotel Senador ha sido legalizado a cambio de unos apartamentos. REPETIDO

El habitual conflicto de intereses públicos y privados se da actualmente con Federico Guardabrazos, quien asesora por las tardes al promotor imputado, actividad que compagina con su cargo en urbanismo. Esto lo puede hacer gracias a la compatibilidad recientemente otorgada por el Ayuntamiento.

Guardabrazos no es el único funcionario público que ha compatibilizado su condición de funcionario público con una actividad de asesoramiento privada. Según el Tribunal de Cuentas, hasta siete funcionarios públicos asesoraban a sociedades como empresarios autónomos. No eran los únicos, a veces los cónyuges de los funcionarios se convertían en expertos urbanistas capaces de redactar el más complejo proyecto inmobiliario. El conflicto de intereses se agravaba cuando las sociedades facturadas eran del mismo Ayuntamiento de Marbella para el que prestan servicio como funcionarios. Todos estos hechos han quedado impunes, y los funcionarios siguen en sus cargos de responsabilidad municipales. Facturaron más de 168.000 euros, previa obtención de la compatibilidad para cobrar del Ayuntamiento un sueldo y de sus empresas como autónomos. Las actividades por las que cobran los trabajadores públicos son “coincidentes con la que realizaban en el Ayuntamiento como funcionarios, lo que carece de sentido y, en consecuencia, los pagos pudieran considerarse indebidos” según el informe del Tribunal de Cuentas. Asimismo hasta cinco de estos ímprobos funcionarios cobraron sobresueldos por la “mayor dedicación por trabajos extraordinarios durante tres horas diarias en jornada de tarde”. El total de los pagos asciende a 216.000 Euros .Recientemente, Guardabrazos ha obtenido la concesión de ese plus por mayor dedicación.

En otras ocasiones, el empresario al que se le denegaba la licencia recibía la recomendación de Roca de acudir a determinados estudios integrados por los mismos arquitectos que les habían denegado la licencia. Por supuesto, después de unas ligeras modificaciones, y una cuantiosa factura, la licencia era otorgada.

Con respecto a las concesiones administrativas, el nuevo gobierno ha continuado con la labor de la Comisión gestora en la revisión de los centenares de permisos de uso sobre suelo público, la mayoría con numerosas irregularidades. Una de las más llamativas fue una que ante la imposibilidad de vender un suelo municipal, se le otorgó una concesión, que se aprovechó para edificar una macro urbanización. Es decir, que el promotor, imputado en la operación Malaya, pretendía vender unos apartamentos construidos sobre suelo público. Las concesiones administrativas más notorias, son las de los Restaurantes “La Pesquera” propiedad del empresario Ramón Mesa. Algunas de ellas, otorgadas por un precio ridículo, ocupan plazas y espacios públicos. Actualmente se encuentran en revisión.

También es conocida la concesión de transporte público y estación de autobuses a la empresa Portillo. La concesión del transporte urbano se hizo, presuntamente, gracias a la comisión del delito de cohecho. Las cantidades pagadas presuntamente por la concesionaria se repercuten diariamente en un pero servicio a los ciudadanos de Marbella.REPETIDO

Pero no sólo se han construidos urbanizaciones y restaurantes sobre suelo público, también centros comerciales, que funcionan sin licencia de apertura, sobre terrenos destinados a polideportivos o infraestructuras.

Por último, la Gestora intentó denunciar el convenio laboral del Ayuntamiento con la empresa municipal Gerencia de Obras, al entender que otorgaba unos privilegios a los trabajadores superiores a los permitidos por la Ley. Gracias a la presión de los trabajadores y el temor de los partidos a contrariar a los trabajadores municipales, la Gestora tuvo que cesar en su empeño por restaurar la legalidad en las relaciones laborales del Ayuntamiento. (No fue Gerencia de Obras, fue el convenio de los empleados municipales. Se había elevado informe al Consejo Consultivo que dictaminó que eran ilegales algunas de sus cláusulas. El miedo entre los partidos se desató y casi disuelven la Gestora).

  • Muerto el perro ¿se acabó la rabia?

La Comisión Gestora había dado fin al mayor sistema de corrupción municipal que ha vivido la democracia española. Fue entonces cuando comenzó la regeneración democrática de Marbella, puesto que fueron ellos los que lucharon para reinstaurar el Estado de Derecho en Marbella. Pero ¿Ha acabado realmente el Gilismo? La respuesta es tristemente negativa y es posible que sus profundas heridas tarden mucho en cicatrizar. Se puede observar fácilmente como en Estepona se han repetido las mismas pautas de corrupción: utilización de empresas por el Ayuntamiento, estrecha relación con los promotores, confusión de los intereses públicos y privados, permisividad de la Junta de Andalucía, etc.

Jesús Gil dirigió el Ayuntamiento como si de una empresa suya se tratara. Sustrajo recursos de los ciudadanos en su beneficio y colocó a centenares de personas en las instituciones municipales, hipotecando su futuro. El Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve como el personal del Ayuntamiento aumentó un 500 por ciento durante su etapa de gobierno llegando a comprometer más del 75 por ciento del presupuesto municipal en detrimento de los ciudadanos que apenas disponen de un 5 por ciento de inversión en bienes públicos. Este proceso continuó con Julián Muñoz, quien contó con la inestimable ayuda de José María del Nido Benavente, enajenando el patrimonio municipal del suelo a promotores. Marisol Yagüe continuó la labor colocando, otra vez, a centenares “de los suyos” que desvalijaron (presuntamente) lo poco que quedaba: concesiones, contratas, y licencias; terminando de convertir el Ayuntamiento de Marbella en un nido de enchufados y estómagos agradecidos. Desgraciadamente no podemos afirmar que este proceso se haya revertido, puesto que el número de empleados municipales, lejos de disminuir, sigue aumentando, rozando la barrera de los 4000 empleados. Todo esto ha creado una trama de intereses ocultos que resulta realmente muy difícil de deshacer. Las leyes que burlaron los anteriores gobernantes para colocar a los suyos, son las mismas que ahora les amparan imposibilitando, en la mayoría de los casos, su despido.

Respecto a la sociedad de Marbella, ha sido testigo silencioso del ascenso de gente sin preparación ni mérito alguno que se lucraba inmensamente, creando una cultura del pelotazo difícil de erradicar. Se han dilapidado casi todos los bienes públicos, puesto que se utilizaron como pago, otros se pusieron en el mercado y una vez privatizados, es muy difícil recuperarlos. Como dijo Rafael de la Fuente, el Gilismo es una patología sociológica que se infiltra en todos los estratos de la sociedad. Un claro ejemplo de la mercantilización marbellí es la generalización de “las comisiones”. Cualquier recomendación conlleva el pago de una retribución económica. Por ejemplo, si llamas a la grúa y necesitas un taller te recomendarán uno que previamente ha pagado para que les reverencien ¿? clientes. Siguiendo con otros ejemplos sobre los niveles donde ha llegado la codicia, no dude, que el administrador de la comunidad de propietarios de su segunda residencia cobra comisiones de los proveedores que contrata. Lo hace la mayoría. Podría continuar, pero comprenderá el lector que una persona que aspira a vivir en Marbella, debe tener un mínimo de prudencia. También es obligado decir que no han podido robar el sol, ni la hospitalidad de sus gentes, ni la profesionalidad de sus hosteleros y otros profesionales. Marbella está herida, pero puede salir del trance con el esfuerzo de sus ciudadanos.

No sólo en Marbella ha hecho daño el Gilismo. Recientemente, Rafael Duarte señalaba a la forma de gestionar del GIL como culpable de la trama de corrupción que ha asolado también Estepona. Efectivamente, los gobernantes creen que pueden sustraer recursos del patrimonio municipal del suelo para dedicarlo a fiestas o personal, cuando la Ley lo prohíbe taxativamente. Hará falta mucho esfuerzo y ejemplaridad para sanar a la sociedad de esa enfermedad.

  • La precampaña

Desde finales de 2005 comenzaron a aparecer una infinidad de partidúsculos políticos atraídos por la posibilidad de conseguir representación municipal. El sistema estaba en peligro y parecía necesario que los dos grandes partidos retomaran el poder en Marbella. Ciudadanos y empresarios percibieron con acierto y madurez democrática esta necesidad. La campaña electoral duró en Marbella un año, aunque algunos partidos ya empezaron dos años antes. Desde que se constituyó la Comisión Gestora, Ángeles Muñoz comenzó una campaña de acoso y derribo contra la misma, asegurándose que nadie le arrebatara una victoria que con su esfuerzo y constancia se estaba ganando desde hacía 7 años. La campaña fue muy intensa. El Partido Popular comenzó a abrir “oficinas de atención al ciudadano” en todos los barrios, llegando a alcanzar hasta 13 sedes electorales. Se intentó justificar el gasto asegurando que eran militantes del Partido Popular los que cedían gratuitamente las sedes. Falso. El principal mecenas del Partido Popular es un empresario llamado Ricardo Pérez Reales. Pagaba los alquileres de muchas de las sedes y contrataba a aquellas empleadas que se conformaban con recibir el sueldo en un sobre sin estar aseguradas. La sociedad que las contrataba, Fuente Jabalina S.L., opera en Murcia como empresa agropecuaria. Por tanto las secretarias del Partido Popular en Murcia estaban dadas de alta en Marbella con el beneficioso régimen de “peones agrarios”.

Un año antes, Gaspar Zarrías había convencido a Manuel Chaves para enviar a Paulino Plata, Consejero de Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, como candidato a Marbella, aun en contra de su propia voluntad. Zarrías mataba dos pájaros de un tiro, en primer lugar, se quitaba un rival político de encima y de paso pensaba que podría contener la fuerza del Partido Popular en Marbella. Erraba en la segunda de sus intenciones. Aun vencido y derrotado, Paulino Plata se negó a dejar su cargo de Consejero y comenzar una campaña que en Marbella ya estaba lanzada. Tan sólo se dejo ver unas pocas semanas antes de las elecciones pensando que con su imagen bastaría para obtener la victoria.

Un total de trece partidos presentaron candidatura. La mayoría de ellos acudieron atraídos por la posibilidad de arañar un concejal y convertirse en bisagra imprescindible del nuevo gobierno municipal. El comienzo de la campaña fue realmente crispado, ya que al no presentarse el Grupo Independiente Liberal dejaba sin propietario el 55 por ciento de los espacios electorales (paneles, espacios publicitarios en Radio Televisión Marbella, etc.). El Delegado de la Junta Electoral de Zona decidió repartir estos espacios entre todos los partidos políticos por igual, pero el representante del Partido Popular recurrió la decisión ante la Junta Electoral de Zona, que siempre se mostró favorable a los dos grandes partidos políticos, decidiendo repartir los espacios electorales, así como los espacios públicos para la celebración de mítines entre los dos grandes partidos. Incluso un secretario sin competencia para hacerlo prohibió un acto de un partido local en un restaurante que fue disuelto por la policía local. Estos hechos fueron denunciados ante el juzgado de guardia, que por motivos inconfesables avisó a los denunciados de los hechos que se les imputaban. Las diligencias especiales 1/2007 siguen durmiendo en algún cajón olvidado de los juzgados. El Partido Popular y el Socialista se repartieron finalmente los espacios electorales dejados por el Grupo Independiente Liberal. En realidad la maquinaria electoral de los grandes partidos no era necesaria, puesto que los ciudadanos ya se habían dado cuenta que sólo con la ayuda de las grandes instituciones Marbella podría salir de tan difícil trance.

Los dos grandes colectivos empresariales APYMEM (Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa) y el CIT (el Centro de Iniciativas Turísticas, que opera como patronal empresarial en Marbella) jugaron un papel muy activo durante la campaña. La primera asociación es una pantalla de su presidente, Antonio Núñez, para captar clientes para su gestoría. Se inclinó por el Partido Popular, llegando a realizar un mailing masivo a todos sus asociados anunciando un “contrato electoral” con este partido. La segunda Asociación, muy dependiente de las subvenciones que recibe de la Consejería de Turismo, se decantó por Paulino Plata, lo que no puede dejar de ser una paradoja, máxime cuando la directiva es fruto de un complot urdido por Juan Antonio Roca para colocar a gente afín al poder político. El Ayuntamiento de Marbella pretendía cesar a la directiva del CIT, pero Miguel Gómez obtuvo el apoyo de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), motivo por el que adelantó las elecciones para evitar que se produjeran después de las autonómicas y generales, cuyo resultado podría debilitar su apoyo institucional.

No sólo los empresarios influyeron en la campaña, también los trabajadores del Ayuntamiento presionaron a los candidatos. Los sindicatos los invitaron a un mitin conjunto en el palacio de congresos para hacerles firmar un “contrato electoral” con el objetivo de ver asegurados sus puestos de trabajo. La verdad es que la reunión tuvo sus similitudes con una subasta electoral donde se adjudica el voto al mejor postor. El colectivo de lo empleados municipales es muy importante, merecen todo mi respeto. Ahora bien, ha llegado la hora de preguntarse ¿es lógico que en apenas 10 años un Ayuntamiento quintuplique los sueldos de los empleados municipales, pasando de un 35 a un 75 del presupuesto municipal? Como apunta el Tribunal de Cuentas, gran cantidad de trabajadores (no todos) han sido contratados a dedo, sin respetar los principios de capacidad, mérito e igualdad de oportunidades que consagra nuestra Constitución, injusticia que redunda en los servicios públicos.

Las elecciones fueron ganadas de forma justa por el Partido Popular dirigido por Ángeles Muñoz, pero quizá debido a una campaña excesivamente dura, provocó que se realizaran promesas difícilmente realizables a medio plazo.

La disolución del ayuntamiento de Marbella


No resulta muy conocido, pero Izquierda Unida pidió la disolución del Ayuntamiento de Marbella cuando Jesús Gil desafió la legalidad vigente aprobando su plan de forma unilateral. Tanto Arenas, entonces Ministro de Trabajo, como Chaves rechazaron de pleno la propuesta. Manuel Chaves, mostró su rechazo a la propuesta de Izquierda Unida argumentando que “debe ser el pueblo, que lo ha elegido el que, en todo caso, tiene que quitar a Gil de la Alcaldía. Cualquier otra decisión o planteamiento no se correspondería mucho con el espíritu democrático que deberíamos tener todos los partidos que estamos dentro del arco parlamentario". Olvidaba el Presidente que la principal característica de una democracia es el respeto por la Ley, algo que entonces era obvio que a Jesús Gil le importaba un pimiento.

Tras la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz, se volvió a plantear, por segunda vez, la posibilidad de disolver la corporación municipal, cuando Izquierda Unida presentó una proposición en las Cortes Generales para que actuará con el objetivo deregenerar democráticamente el Ayuntamiento de Marbella”. Transcribo por su enorme interés el debate del Congreso de los Diputados sobre la hipotética disolución del Ayuntamiento de Marbella en el año 2003:

La señora Presidenta doña Luisa Fernanda Rudi: Interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las actuaciones (...) y los criterios de aplicación del artículo 61[1] de la Ley de Bases de Régimen Local en general, singularmente en el caso del Ayuntamiento de Marbella.

Don José Luís Centella Gómez: Señora presidenta, (…) los escándalos del Ayuntamiento de Marbella han evidenciado cómo se conectan claramente negocios privados con decisiones políticas.(…).

La preocupación social conectada con aquello a lo que se ha llegado en el Ayuntamiento de Marbella ha desatado, a nuestro juicio, una señal de alarma ante el deterioro de la democracia.

(…)

Ha acabado por suceder lo más grave que puede suceder en una institución municipal. (…) es decir, lo que las marbelleras y marbelleros votaron en su día hoy no tiene representación en la corporación que gestiona los asuntos de Marbella.

(…)

El final, por ahora, es de esperpento (…) en estos momentos se evidencia cada vez más cómo se trata de recuperar al señor Roca (…). No es suficiente con la disolución del Ayuntamiento de Marbella. Por ello, es importante investigar y aclarar desde el punto de vista político cuál ha sido el proceso por el cual la democracia se puede degenerar. El segundo pilar de nuestra propuesta es la comisión de investigación. Por ello, la semana próxima, propondremos la creación de una comisión parlamentaria de investigación. Con toda sinceridad, creemos que sería un verdadero escándalo que se cerraran las puertas a esa investigación parlamentaria, que se impidiese que el Congreso de los Diputados pudiese llegar al fondo de lo que ha ocurrido en Marbella

El Sr. Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia, don Javier Arenas: Por supuesto que el Gobierno está analizando todo lo que ha sucedido en Marbella en términos políticos porque ésa es la responsabilidad del Gobierno. Sin embargo, también le quiero decir que ese análisis tiene que partir de dos premisas fundamentales. La primera es el respeto a la autonomía local.

(…)

La segunda cuestión importante que el Gobierno tiene muy presente, y yo estoy seguro de que S.S. también, es que ha habido elecciones en Marbella y que la voluntad popular se ha trasladado el 25 de mayo, con unos concejales electos que están ahí (…). A partir de ahí, aparece una pregunta: ¿Se plantea el Gobierno en este momento proponer la disolución de la corporación municipal de Marbella? En este momento no tenemos esa posición política. Sí le digo que estamos haciendo estudios e informes.

(…)

Sin embargo, a la vez que digo todo esto, pasamos a la siguiente cuestión: ¿Ha llegado el momento de proponer la disolución del Ayuntamiento de Marbella? (…) no se puede proponer la disolución de un ayuntamiento si no es con todo el amparo de la ley, con todo el amparo jurídico y también con el amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional. No se puede proponer la disolución de un ayuntamiento por razones políticas, por oportunismo electoral, por juicios de valor o porque se haya dado un comportamiento que sea reprobable en términos éticos o en términos estéticos.

(…)

¿Qué nos dice la ley? Que sólo se puede plantear la petición de disolución cuando se da un ataque grave al interés general y además hay un incumplimiento reiterado de las obligaciones constitucionales (…) ¿la corporación municipal de Marbella lleva mucho tiempo gestionada por sus actuales responsables? La actual lleva poco tiempo. ¿A la actual corporación municipal le tenemos que imputar en términos políticos conductas anteriores.

La Fiscalía Anticorrupción ha funcionado, el Tribunal de Cuentas está prestando muchísima atención, la Junta de Andalucía ha reaccionado con acierto en el terreno urbanístico, tan importante para esa ciudad; con especial referencia hablaba yo de la seguridad o inseguridad jurídica hablando del terreno del urbanismo.

Don José Luís Centella Gómez :Señora presidenta, señorías, señor ministro, le he encontrado excesivamente justificativo con la situación de Marbella. Yo le podría suponer cierto síndrome de Estocolmo respecto al Club Financiero (Inmobiliario), aquella oficina en la que gestiona Gil sus negocios. La verdad es que yo esperaba algo más de contundencia (…) Hay que iniciar los trámites para la disolución (…) Por tanto, sí a la autonomía local, pero también sí al Estado de Derecho.

En primer lugar llama poderosamente la atención como sólo Izquierda Unida solicita la disolución del Ayuntamiento (el PSOE también se negó en una iniciativa similar presentada en el Parlamento Andaluz). En segundo término, cabe preguntarse el por qué de justificar a unos munícipes sobre los que ya pesaban evidencias claras de sus prácticas corruptas. La respuesta es muy sencilla, la disolución del Ayuntamiento hubiera llevado irremediablemente a unas elecciones anticipadas en Marbella, lo cual no interesaba ni al Partido Popular ni al PSOE, dada la traición de su baluarte en Marbella, Isabel García Marcos. Por último, queda para la historia la defensa de don Javier Arenas sobre la gestión urbanística de la Junta de Andalucía. Desde que abandonó el gobierno el dirigente popular ha repetido hasta la saciedad que la Junta de Andalucía ha estado “mirando hacia otro lado” en la gestión urbanística de Marbella. Queda patente pues, la distinta percepción de la realidad si uno se encuentra en el gobierno o en la oposición. La realidad es que la Junta había interpuesto hasta ese momento

Después de todas las evidencias reseñadas, no cabe duda que la Junta de Andalucía vino barajando la posibilidad de disolver el Ayuntamiento de Marbella desde la moción de censura, si bien se decidieron en principio por una fórmula intermedia, es decir, retirar las competencias urbanísticas al municipio. Cuando se hizo evidente que la situación había degenerado a unos niveles inaceptables en un Estado de Derecho no les quedó más remedio que actuar, eso sí, cuando ya no era posible adelantar las elecciones y la situación en Marbella pasaba irremediablemente por la creación de una comisión gestora.

Sin embargo, a mi me llamaba más la atención la capacidad de recuperar las competencias urbanísticas en aquellos casos en que la gestión afectara a la planificación de territorio. La Ley entró en vigor el 12 de diciembre de 2005, pero Manuel Chaves ya había anunciado que se le aplicaría a Marbella. Era una ley pret a porter para acabar con el urbanismo que estaba llevando a cabo el consistorio Marbellí. Debo decir que estuve de acuerdo con la medida, a pesar de que la postura de Ángeles Muñoz siempre fue contraria. Sentí un gran alivio cuando el presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy afirmó que: “ A mi que le retiren las competencias urbanísticas a un municipio como Marbella, pues me parece bien” . Ojalá las hubieran retirado quince años antes, hubiéramos tenido una ciudad mucho más justa y racional.

Muchas veces la gente no percibe el terrible daño que hace la corrupción urbanística. Parece que a nadie le afecta que hagan un adosado más o menos, sin embargo importa y mucho. El dinero proveniente de los convenios urbanísticos debe ser invertido en equipamiento público. El motivo es bien sencillo; cuando se convenia siempre es para aumentar la edificabilidad (metros cuadrados construidos y/o densidad en el número de viviendas construidas).

Lógicamente, a mayor población, mayores necesidades de infraestructuras como carreteras, parques, aceras, hospitales, escuelas, bibliotecas, polideportivos etc. Por eso es importante que los ayuntamientos no financien otras actividades públicas con las plusvalías del urbanismo. En Marbella los convenios urbanísticos no financiaban otras actividades urbanísticas, sino que iban directamente al bolsillo de Roca. Cuando un político cobra una comisión ilegal, deja de hacer una obra pública en detrimento de los ciudadanos y eso, además de prevaricar, se llama malversación de fondos públicos.

Por otra parte, cuando un empresario paga, repercute directamente este “coste” en el consumidor final, con lo que todos los que compran una vivienda, además de disfrutar de un nivel inferior de servicios públicos (acercándonos al tercer mundo) se pasarán los siguiente 40 años pagando la corruptela de sus representantes políticos a través de la hipoteca.

El 17 de Marzo de 2006 la Junta de Andalucía iniciaba el expediente para retirar las competencias urbanísticas a Marbella. Chaves justificaba la medida ante el incumplimiento sistemático de la legalidad y el desacato de las sentencias urbanísticas. El Ayuntamiento por entonces venía concediendo licencias urbanísticas por la vía del silencio administrativo. Lo que muchos no dicen es que para que se considere una licencia otorgada por silencio administrativo hace falta que la administración local otorgue un certificado de “actos presuntos”, certificado por el que Roca también cobraba (supuestamente, claro). La retirada de las competencias urbanísticas sólo era el primer paso. Desde Agosto de 1998 el gobierno autónomo sopesaba la disolución del Ayuntamiento en base a lo previsto en el artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y 183 la Ley Electoral General. Claro que la Junta de Andalucía tenía un problema, si se disolvía el Ayuntamiento ganaría el Partido Popular con abrumadora mayoría absoluta, y eso a un año de las elecciones municipales no lo podían tolerar, puesto que podía ser interpretado por la ciudadanía como una “señal de cambio” en el resto de Andalucía. Había que esperar a que quedase menos de un año, porque en este caso, en lugar de celebrarse elecciones, la Diputación nombraría una “Comisión Gestora” que administraría el municipio hasta los siguientes comicios.

No cabe duda que el Fiscal Anticorrupción López Caballero actuó de contemporizador instando la actuación del Juez en el momento que más convenía al gobierno, es decir, una vez que era imposible adelantar las elecciones. Cuando Isabel Pantoja fue detenida, Mariano Rajoy acusó a Zapatero de adelantar su arresto para hacerlo coincidir con su visita a Marbella. Ante esta imputación, Zapatero respondió que “los jueces son independientes en democracia”. Olvidaba el Sr. Zapatero que los jueces actúan a instancia de los fiscales y que éstos no se rigen por el principio de independencia, sino por el de jerarquía, obedeciendo órdenes del Fiscal General del Estado.

La Junta de Andalucía manejó a la perfección los tiempos de la disolución. Lo decidieron a principios de diciembre Chaves y Zarrías, por eso, ese mismo mes le dijeron a Paulino Plata que debería ir a Marbella a resolver el desastre que en buena medida había montado su cabeza de lista en las últimas elecciones, Isabel García Marcos. No es casualidad que el decreto que oficializa la primera liquidación de la soberanía popular en la democracia española diera como primer motivo: “Su absoluta falta de colaboración con la Junta de Andalucía, al desatender sus numerosas solicitudes y requerimientos referidos a actos viciados de nulidad, paralización de obras ilegales, incoación de expedientes sancionadores y restablecimiento del orden jurídico perturbado“.

El martes 29 de marzo escuché un helicóptero sobrevolar mi casa. Yo vivo al lado de la casa consistorial y pensé “Roca será ya capaz de aterrizar en la misma plaza de los Naranjos”, no sabía cuanto me estaba equivocando. Ese día veinte personas son detenidas entre ellas la alcaldesa, Marisol Yagüe, Juan Antonio Roca, junto con concejales, abogados, testaferros y empresarios por orden del joven juez Miguel Ángel Torres, que dictó prisión incondicional para todos . Isabel García Marcos se encontraba de luna de miel en Moscú, así que el segundo teniente de alcalde Tomás Reñones, quedaba como alcalde en funciones aunque desde el primer momento muestra su intención de dimitir. Lógicamente, a los que todavía no habían detenido estaban muy nerviosos en espera de ser ajusticiados.

El 4 de abril, es decir seis días después de la operación, el Consejo de Ministros acuerda la disolución del Ayuntamiento de Marbella en una reunión extraordinaria que tenía este asunto como único punto en su orden del día, pero ya era demasiado tarde para unas elecciones. Éstas se debían producir el último domingo de Mayo del año 2007 y el procedimiento para convocar unas elecciones (constitución de la Junta Electoral de Zona, presentación de candidaturas, campaña electoral etc.) necesita un plazo mínimo de 2 meses. El juez Torres actuó dos días antes después de que fueran imposibles unas elecciones generales. En política no se dan las casualidades y cuando ocurren están perfectamente previstas.




[1] Art 61.1. LBRL. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

La operación malaya


Las diligencias previas 4796/2005 se iniciaron el 12 de noviembre de 2005 al tomar declaración el joven juez Miguel Ángel Torres al director jurídico de Urbanismo, Jorge González en referencia a uno de los centenares de delitos contra la ordenación del territorio cometidos por los responsables de la corporación marbellí. Las investigaciones se bautizaron con el nombre en clave “Operación Malaya”. Jorge González durante años colaboró activamente con Jesús Gil pero que se distanció de Juan Antonio Roca pues aseguró que se comportaba con el auténtico alcalde de Marbella. Decidió entonces el juez deducir testimonio y comenzar unas nuevas diligencias. Se comenzaron a pinchar teléfonos y a investigar a todo el consistorio marbellí. Juan Antonio Roca sabía que lo estaban investigando, por ello llegó a tener hasta trece móviles distintos, que utilizaba para cada uno de sus negocios. También disponía de la última tecnología y profesionales expertos en labores de contra información. Sabía que iban por él, pero la prepotencia le pudo. Pensó que, de la misma forma que su mentor Jesús Gil, ya estaba por encima del sistema y podía vencerlo.

El 30 de marzo de 2006 comenzaron las detenciones que determinaron la primera disolución de una institución elegida democráticamente en España. Todos los concejales del equipo de gobierno fueron detenidos en distintas fases de la operación. Del estudio de las conversaciones intervenidas con anterioridad a las detenciones, se llega a la conclusión que el juez Torres tenía constancia de ciertas actividades delictivas (concesiones administrativas irregulares como la de transporte público a Portillo, la grúa municipal a Cactus, o el leasing de los coches de la policía local), pero no se podía ni imaginar lo que estaba a punto de destapar.

La residencia habitual de Juan Antonio Roca era un duplex en un edificio cercano a su despacho en Planeamiento y su “despacho B“ en el edificio colindante. José Luis Jiménez, presidente de la comunidad de propietarios permitió que se construyera un trastero en el garaje con un acceso directo desde la vivienda de Roca donde archivaba todos sus documentos. Durante los registros se encontró el habitáculo y los documentos que han permitido rehacer todo el entramado societario, 120 sociedades instrumentales y centenares de cuentas bancarias en decenas de paraísos fiscales. La policía congelo en total más de un millar de cuentas corrientes y embargó bienes con un valor superior a los 2.600 millones de Euros, es decir 433.000 millones de las antiguas pesetas. Para que nos hagamos una idea de la inmensidad del patrimonio incautado, el presupuesto del todo el Estado Español ascendió en 1975 a 450.000 millones de Euros. El total de dinero líquido incautado en diversas cuentas asciende a 9.123.232, 65 Euros.

La operación policial se distribuyó en tres fases. La primera, el 30 de marzo, fueron detenidas 29 personas en Marbella, Madrid y Murcia, entre ellas, Roca, la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, García Marcos, así como abogados y testaferros. En la segunda, tres meses después, fueron detenidas 30 personas más entre los que se encontraban 13 ex concejales y empresarios. La tercera se produjo el 14 de noviembre de 2006 con la detención de 11 personas.

El patrimonio descubierto tras la operación Malaya a Juan Antonio Roca, tal y como indica el juez Torres es de un “lujo vergonzante”. Es difícil una valoración del mismo, pero en el momento de la incautación el activo del mismo estaría cercano a los 2.400 millones de Euros. Entre otras propiedades podemos destacar:

Durante los cuatro meses que duraron las escuchas telefónicas se pudieron descubrir las siguientes actividades realizadas por Juan Antonio Roca. En este punto debemos recordar que todos los hechos son presuntos hasta que no sean demostrados por el juez, tan sólo transcribimos el resultado de las investigaciones que no prueban definitivamente los hechos:

  1. Cobró 600.000 euros de Enrique Ventero presidente de VEMUSA, por la aprobación de un Plan Parcial.
  2. La constructora Aifos pagó 5 millones de euros por los convenios urbanísticos del Guadalpin Banús.
  3. Cristóbal Peñarroya pagó 35.000 euros en diciembre de 2005 por la aprobación del proyecto de ejecución de La Reserva de Marbella.
  4. Construcciones Salamanca pagó más de 1 millón de euros por los convenios en Nueva Andalucía y Lomas del Rey.
  5. Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokan, pagó al Ayuntamiento 600.000 euros para realizar unas obras de acceso a sus oficinas.
  6. Roca permutó un edificio comercial del Ayuntamiento en Puerto Banús en la plaza Antonio Banderas por unos locales de poco valor. El edificio es vendido a Tomás Olivo por 7 millones de euros.
  7. Cobró 600.000 Euros de Tomás Olivo para promover la caducidad del expediente de revisión de oficio de las licencias de la ampliación de La Cañada.
  8. Fidel San Román pagó más de 5 millones de euros para la firma de un convenio.
  9. Carlos Sánchez y Andrés Lietor pagaron más de 4 millones y medio de euros, más cuadros, caballos, coches y relojes por licencias contrarias al Plan, entre ellas la de la Finca La Gitana.
  10. Gianni Montaldo habría pagado 300.000 euros por obtener dos licencias.
  11. José María González de Caldas, ex presidente del Sevilla, pagó 60.000 euros también para una licencia de primera ocupación en el Señorío de Marbella.
  12. Francisco Zambrano del Pozo, propietario de la lujosa urbanización La Alzambra, pagó 45.000 euros para obtener un acuerdo de la Comisión de Gobierno a favor de la entidad Eurobuilding 2000 de su propiedad.
  13. Eusebio Sierra Sánchez, vicepresidente de PROMOTUR, pago 60.000 euros para obtener el reconocimiento de una deuda del Ayuntamiento.
  14. Manuel Lores Romero pago 50.000 euros para obtener una licencia para su hotel Lorcrimar.

  • La profesionalización de la corrupción: La estructura de Roca

Durante estos últimos años Roca había amasado un patrimonio inmenso, incluso le prestaba dinero a Jesús Gil. Desde el comienzo cuenta con el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta – Soriano Pastor para el diseño de estructuras societarias complejas que siempre tienen origen en paraísos fiscales. El mismo Soriano Pastor reconoció ser “un simple fiduciario de Roca” al que calificaba comoel dueño de todo”. Conforme la organización se amplía necesita más testaferros, más contables y más abogados. La contabilidad estaba a cargo de Salvador Gardoqui, quien es detenido en su lugar de nacimiento, Pamplona. Con el fin de centralizar la gestión de sus compañías abre el despacho MARAS ASESORES, que emplea a varios economistas y administrativos. Asimismo contrata los servicios del abogado de origen alemán Juan Hoffmann, que también será su socio en algunos negocios. Hoffmann se encarga de la gestión de las empresas matrices en los paraísos fiscales.

La organización de Roca se hace más compleja y decide contratar a las abogadas María Castañón y Raquel Escobar Primo, quienes supervisan los convenios y las licencias respectivamente. La colaboración de estas letradas se manifiesta necesaria al negarse, el jefe jurídico de urbanismo Jorge González, a informar favorablemente las licencias. Los abogados de Roca en Madrid contratan a Montserrat Corulla para gestionar los negocios que tiene en Madrid junto a Pedro Román Zurdo. Según el Auto de procesamiento de la operación Malaya: “La estructura criminal de esta organización criminal de Juan Antonio Roca se ha perfeccionado integrando en la organización a empresarios y constructores que participan en los negocios de Roca o tienen negocios en común con este”. Corulla se encarga de sus proyectos de rehabilitación de palacetes para convertirlos en hoteles en Madrid. Las sociedades que se encargan de estos negocios son Condeor, Palacio de Villagonzalo y El Ángel de Tepa. En la capital, Roca había abierto un despacho en la calle Príncipe de Vergara donde trabaja Corulla con un equipo de abogados que en el futuro debían sustituir a el despacho Sánchez Zubizarreta. Monserrat Corulla es una bella abogada que se mueve hábilmente por la administración municipal madrileña, cuyos contactos llegaron hasta el mismísimo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

También contaba con un jefe de seguridad, Jaime Hachuel Fernández, cuñado del ex presidente del Partido Andalucista Julián Álvarez, que difícilmente puede alegar desconocimiento de todo lo que pasó en Marbella, entre sus vinculaciones familiares y de partido. Jaime Hachuel disponía de información de

La responsabilidad de los ciudadanos de Marbella

Una de las más antiguas controversias de Marbella es el grado de culpa que tienen los ciudadanos de Marbella y San Pedro. Es una cuestión muy controvertida y compleja, pero mi convicción es que los ciudadanos de Marbella y San Pedro tuvieron un altísimo grado de responsabilidad en todo lo que ocurrió durante estos oscuros años.

En primer lugar porque eligieron en cuatro legislaturas con mayoría absoluta al Grupo Independiente liberal cuando desde el primer Pleno en 1991 en el que se decidido la revisión del Plan General eran mas que evidente cuales eran las intenciones del gran corruptor, Gregorio Jesús Gil y Gil.

En segundo lugar, porque el régimen corrupto estableció unas relaciones entre corruptores y corrompidos que constituían la derogación de facto del Estado de Derecho en Marbella. Más de 50000 personas tuvieron una relación amplia, recíproca y beneficiosa con el Gilismo. Más de 3000 consiguieron un puesto de trabajo. Miles de personas consiguieron licencias ilegales para sus casas y negocios, asociaciones de vecinos recibían subvenciones para anestesiar su conciencia. A muchos personajes relevantes se le ofrecieron suculentos negocios. Todo ello para comprar voluntades y cerrar bocas. Cuando la ciudadanía es cómplice del quebrantamiento de la Ley para el beneficio de unos pocos, es evidente que el Imperio de la Ley, que no es otra cosa que el Estado de Derecho, ha sido derogado y el ciudadano honrado se encuentra expuesto a la Ley del mas fuerte, o del mas corrupto. Prueba de todo ello, fueron las masivas manifestaciones en apoyo de Gil y Gil que fueron secundadas por decenas de miles de marbelleros y sampedreños. En la mayoría de las ocasiones los ciudadanos fueron cómplices pasivos de la corrupción.

En tercer lugar porque a muchos de ellos no les quedó más remedio. Habían sido abandonados por la Justicia y por las instancias superiores del Estado: Diputación, Junta de Andalucía, y Gobierno Central miraron hacia otra parte durante 15 años. El indefenso ciudadano no le quedaba más que arrodillarse ante el amo, o tener una actitud heroica que le podía costar su convivencia.

Y por ultimo, el virus del pelotazo, inoculado en el alma de los ciudadanos de Marbella por los Gilistas, desarrolla una peligrosa enfermedad que llamada codicia y ansias del dinero fácil. En Marbella todo el mundo ha sido testigo del expolio de la ciudad, pero se compraba su silencio de una forma u otra. Eran muchos los que ganaban, abogados, notarios, registradores, periodistas, arquitectos, empresarios, comerciantes… y de esta forma Marbella dejó de pagar a la Seguridad Social, a Hacienda, a los proveedores… convirtiéndose en un parásito de la democracia en España, el Estado de Derecho Había sido abolido ( y la ley de Costas, ni te cuento).

Todos tenemos parte de responsabilidad y es importante el ejercicio de la autocrítica por parte de los ciudadanos, y yo me incluyo el primero. Yo también he fracasado en la protección del bien común. Muchas más personas han ganado con este circulo perverso y ahora se rasgan las vestiduras. Desde el especulador del suelo, al arquitecto, pasando por el funcionario que trabaja por las tardes para el promotor, el abogado que tramita la compraventa, el notario, el banco, la gestoría, el registrador. Era un sistema corrupto, un monstruo que se retroalimentaba a si mismo, parasitando a España y consumiendo recursos de forma voraz. Lo que no puede durar para siempre, tenía que acabar algún día…

4.8 La responsabilidad del Estado

El Estado también tenia “su parte” en la mordida. Permítanme que analicemos el negocio inmobiliario, porque así conoceremos los motivos que han corrompido al Estado, no solo en Marbella sino en todas los lugares de la geografía española:

El Ayuntamiento recalifica unos terrenos que son transmitidos al promotor. Sobre esta transmisión, al ser los terrenos urbanizables recae un 16 por ciento en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de que la venta se realice con el préstamo promotor, la hipoteca ira gravada por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre el total de la responsabilidad hipotecaria. Después el constructor deberá liquidar su cuatro por ciento en conceptos de Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras y pagar las tasas para la emisión de las cédulas de habitabilidad. Finalmente, el Estado cobra un 7 por ciento de IVA en la primera transmisión de los inmuebles ilegales. En el caso de la segunda venta, era la Junta de Andalucía la que ingresaba el 7 por ciento en concepto de Transmisiones Patrimoniales. En esta última transmisión también se grava con el 1 por ciento en concepto. En total, el Estado, incluyendo a la Junta y el Gobierno central, cobra, al menos, en concepto de impuestos 35.000 Euros en la venta de un inmueble de 200.000 Euros. De estos 35.000 Euros, 20.000 son para el gobierno autonómico y 15.000 para el central.

Esa es la poderosa razón para mirar hacia otro lado. En Marbella se construyeron 30.000 viviendas ilegales, con lo que el beneficio por este negocio fue de 1.500 millones de euros. Estos cálculos se realizan sin tener en cuenta las segundas compraventas, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal), el Impuesto sobre Patrimonio, las Ganancias Patrimoniales en el IRPF, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El total de estos impuestos anuales asciende a más de 120 millones de Euros. Juan Antonio Roca robo, presuntamente, 2.400 millones de Euros, pero el Estado también tenia su parte: 1.500 millones por las operaciones inmobiliarias y 120 millones en los impuestos anuales recurrentes .

El problema es que este esquema no sólo se produjo en Marbella, se difundió por toda España. Marbella no fue el único lugar donde se sacó el dinero del Ayuntamiento en bolsas de basura. Centenares de municipios, sobre todo costeros, han sufrido una corrupción generalizada por parte de los responsables políticos, aunque en Marbella es el único lugar donde se ha investigado a fondo, probablemente porque era el lugar donde se producía de una forma mas descarada. No era la única razón. Jesús Gil decidió presentarse porque tenia que pagar a los responsables de la Junta de Andalucía para que le recalificaran los terrenos y prefería estar siempre del lado de los que cobraban. Han sido muchos los casos de corrupción en España que no se han investigado a fondo y han escapado sus últimos responsables.

Por poner solo algunos ejemplos, el caso Fabra en Castellón o Ciempozuelos en Madrid donde los alcaldes socialistas, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, tenían 1 millón de Euros de una comisión de 40 millones presuntamente pagada por Fidel San Román, también imputado en la operación Malaya. ¿Dónde están los restantes 39 millones de Euros? Solo se encontró el 2,5 por ciento, pero no se supo donde estaba el resto… ¿Fue a parar a los partidos políticos y por ello no lo investigan? Blanco y en botella. Ustedes mismos pueden decidirlo. La financiación de los partidos políticos debió haberse abordado en la redacción de la Constitución para que cobrasen lo suficiente y así no tener que robar (mejor financiarse irregularmente), pero la verdad es que los negocios bancarios y los inmobiliarios han sido las principales vías para la financiación de los partidos en España.

La organización de Jesús Gil revestía caracteres mafiosos y resulta bastante evidente que no habrían esquilmado Marbella sin la connivencia de una gran masa de ciudadanos que fueron engañados, o se dejaron engañar.ç

Por José Cosín Álvarez