El comisario responsable de las investigaciones de los delitos de corrupción figuraba en las agendas de Roca

La nueva instrucción a todos los jefes superiores de Policía ordena que todas las investigaciones que afecten a cargos públicos y personas de relevancia deberán ser revisadas por el comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, hombre de la máxima confianza del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Este comisario saltó a la fama gracias a la detención en el aeropuerto de Bangkok Luis Roldán gracias a las revelaciones del prófugo de la justicia, Francisco Paesa y previo pago de de 1.800.000 euros Antes de entregarse pactó en los documentos conocidos como “los papeles de Laos”, que sólo podría ser juzgado por dos delitos: cohecho y malversación. Con la detención de Roldán se ganó el reconocimiento de todo el gobierno socialista.

Más recientemente acompañó en la famosa cacería al entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y al juez Baltasar Garzón, mientras investigaban bajo secreto de sumario el caso Gürtel.

La información publicada de las nuevas competencias del Comisario Jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González Garcia, resulta especialmente interesante, en cuanto a las presuntas conexiones del mencionado comisario con el cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca Nicolás.

Tal y como se ha publicado, Juan Antonio Roca conoció a su homónimo en su etapa de Comisario en Murcia, cuando fue desterrado por el gobierno del Partido Popular dada su vinculación con el PSOE.

Tal era la amistad entre Juan Antonio Roca y Juan Antonio González, que el primero les facilitó un piso franco a los agentes de la UDYCO cuando fueron necesarios nuevos efectivos a raíz de la operación contra el blanqueo denominada como "Ballena Blanca"

Juan Antonio González mantenía, presuntamente, informado a Roca, hasta el punto que éste, sabiendo que era investigado por el Juez Torres compró al Juez Urquía en un fallido intento de quitarle la instrucción al Juan Miguel Ángel Torres.

Por esta información, según figura en las agendas de Roca, la persona denominada en las agendas de Roca como J.A.G.G. recibió 200.000 €uros, que fueron invertidos en un inmueble en Brasil.

Iniciada la investigación por Asuntos Internos a instancias del Juez Miguel Ángel Torres, se les dio la orden de dejar de investigar la identidad de J.A.G.G, si bien en el sumario ya puntaban hacia el todopoderoso Comisario General.

Dada esta prohibición, los agentes de la UDYCO que instruían el caso Malaya dimitieron y fueron destinados a distintas localidades y el juez Torres pidió su traslado a un juzgado de instrucción de Granada, sin terminar las investigaciones inconclusas del caso Malaya.

JAGG que aparecen en la agenda de Roca identificando a uno de estos mandos policiales podrían coincidir con las de Juan Antonio González García, comisario general de la Policía Judicial y anterior Jefe Superior de la Policía Nacional en Murcia, región en la que el ‘cerebro del caso Marbella’ tejió una considerable red de influencia. Se da la circunstancia de que el comisario González García es también el responsable de la investigación policial en la ‘Operación Malaya’.

La información publicada de las nuevas competencias del Comisario Jefe de la Policia Judicial, Juan Antonio González Garcia, resulta especialmente interesante, en cuanto a las conexiones del mencionado comisario con el caso Malaya.

Tal y como se ha publicado, Juan Antonio Roca Nicolás, conoció al Juan Antonio en su etapa de Comisario en Murcia, cuando fue desterrado por el gobierno del Partido Popular dada su vinculación con el PSOE.


Tal era la amistad entre Juan Antonio Roca y Juan Antonio González, que el primero les facilitó un piso franco a los agentos de la UDYCO cuando fueron necesarios nuevos efectivos a raiz de la operación contra el blanqueo denominada como "Ballena Blanca"

Juan Antonio González mantenía informado a Roca, hasta el punto que éste, sabiendo que era investigado por el Juez Torres compró al Juez Urquía en un fallido intento de quitarle la instrucción al Juan Miguel Ángel Torres. Por esta información, según figura en las agendas de Roca, la persona denominada J.A.G.G. recibió 200.000 €uros, que fueron invertidos en un inmueble en Brasil donde vive la hija de J.A.G.G

Iniciada la investigación por Asuntos Internos a instancias del Juez Miguel Angel Torres, se les dio la orden de dejar de investigar la identidad de J.A.G.G, si bien en el sumario ya puntaban hacia el todopoderoso Comisario General. Dada esta prohibición, los agentes de la UDYCO dimitieron y el juez Torres pidió su traslado a un juzgado de instrucción de Granada.

La mafia de las radios piratas en España

El pasado 1 de mayo entró en vigor la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual con el fin de “ regular, ordenar con visión de medio y largo plazo, con criterios que despejen incertidumbres y den seguridad a las empresas y con la intención de proteger al ciudadano de posiciones dominantes de opinión o de restricción de acceso a contenidos universales de gran interés o valor” tal y como establece su misma exposición de motivos.

El marco regulatorio de la Televisión Digital Terrestre ha quedado perfectamente acotado. No obstante, en el sector radiofónico continua el desorden, siendo la única ley que impera la del más fuerte.

En España operan 2907 radios sin licencia o con graves irregularidades, frente a 1906 con autorización administrativa. Por tanto el 60 % del sector se en la ilegalidad, en un fenómeno que se conoce como “radios piratas”.

En muchos casos son radio fórmulas musicales de ámbito local, en otros son emisoras asociadas a los grandes operadores del sector. Las grandes empresas del sector como PRISA, VOCENTO PLANETA o COPE utilizan en pocas ocasiones radios sin licencia, aunque si que comenten numerosas irregularidades como la utilización de radios municipales (que no pueden tener contenido en cadena ni comercial) o la emisión a mayor potencia, abarcando territorios mucho más amplios de los que le concede su licencia. No obstante estas empresas si que utilizan radios piratas para sus segundas marcas como Cadena 100 en el caso de la COPE, Máxima FM en el caso de PRISA, Onda Melodía en el caso de VOCENTO, o Europa FM en el caso de Onda Cero

La mafia de las radios piratas en España no está formada por los que luchan por ejercer su libertad de expresión frente a administraciones y monopolios.

La mafia está formada por quienes impiden la libertad en el sector, por los que monopolizan las concesiones administrativos, por los que controlan los centros emisores extorsionando y estafando a los periodistas, que son auténticos héroes de la libertad de prensa en España.

Pirata es quien vende a la opinión pública por dinero. Pirata es quien hace negocio del ejercicio de una libertad y pirata es el gobierno que lo ampara y permite para que los pocos que sobreviven transmitan una percepción interesada de sus mentiras.

Las autonomías no otorgan licencias para mantener a las emisoras en la precariedad jurídica, con la amenaza de cierre en cuanto critiquen al gobernante de turno. Evidentemente, los políticos conceden las licencias a sus amigos, a cambio de transmitir una percepción interesada de la realidad. Cuando existen intereses económicos en juego, la realidad es que la libertad de expresión pasa a un segundo o tercer plano. En este mercado sin Ley, impera la ley del más fuerte. Propietarios de los centros emisores chantajean, estafan y extorsionan a periodistas que intentan ejercer su derecho a la libertad de prensa, desamparados por los poderes públicos que permiten la compraventa ilegal de frecuencias.

Esta es la situación que impera en el sector radiofónico. Unos pocos operadores se han apropiado de los bienes públicos, que son las frecuencias, comprándolos y vendiéndolos en su provecho y en perjuicio de los ciudadanos que no disfrutan de una radio de calidad y efectivamente regulada.

La falta de regulación efectiva del sector lo ha convertido en una selva de operadores, con numerosos delitos como la compraventa de frecuencias ilegales, la quema del centros emisores, la extorsión a periodistas y empresarios de la comunicación o el robo de numerosos equipos de Telecomunicaciones que pasan a formar del amplio mercado negro que impera en el sector.