El 30 de marzo de 2006 comenzaron las detenciones que determinaron la primera disolución de una institución elegida democráticamente en España. Todos los concejales del equipo de gobierno fueron detenidos en distintas fases de la operación. Del estudio de las conversaciones intervenidas con anterioridad a las detenciones, se llega a la conclusión que el juez Torres tenía constancia de ciertas actividades delictivas (concesiones administrativas irregulares como la de transporte público a Portillo, la grúa municipal a Cactus, o el leasing de los coches de la policía local), pero no se podía ni imaginar lo que estaba a punto de destapar.
La residencia habitual de Juan Antonio Roca era un duplex en un edificio cercano a su despacho en Planeamiento y su “despacho B“ en el edificio colindante. José Luis Jiménez, presidente de la comunidad de propietarios permitió que se construyera un trastero en el garaje con un acceso directo desde la vivienda de Roca donde archivaba todos sus documentos. Durante los registros se encontró el habitáculo y los documentos que han permitido rehacer todo el entramado societario, 120 sociedades instrumentales y centenares de cuentas bancarias en decenas de paraísos fiscales. La policía congelo en total más de un millar de cuentas corrientes y embargó bienes con un valor superior a los 2.600 millones de Euros, es decir 433.000 millones de las antiguas pesetas. Para que nos hagamos una idea de la inmensidad del patrimonio incautado, el presupuesto del todo el Estado Español ascendió en
La operación policial se distribuyó en tres fases. La primera, el 30 de marzo, fueron detenidas 29 personas en Marbella, Madrid y Murcia, entre ellas, Roca, la alcaldesa y la primera teniente de alcalde, García Marcos, así como abogados y testaferros. En la segunda, tres meses después, fueron detenidas 30 personas más entre los que se encontraban 13 ex concejales y empresarios. La tercera se produjo el 14 de noviembre de 2006 con la detención de 11 personas.
El patrimonio descubierto tras la operación Malaya a Juan Antonio Roca, tal y como indica el juez Torres es de un “lujo vergonzante”. Es difícil una valoración del mismo, pero en el momento de la incautación el activo del mismo estaría cercano a los 2.400 millones de Euros. Entre otras propiedades podemos destacar:
Durante los cuatro meses que duraron las escuchas telefónicas se pudieron descubrir las siguientes actividades realizadas por Juan Antonio Roca. En este punto debemos recordar que todos los hechos son presuntos hasta que no sean demostrados por el juez, tan sólo transcribimos el resultado de las investigaciones que no prueban definitivamente los hechos:
- Cobró 600.000 euros de Enrique Ventero presidente de VEMUSA, por la aprobación de un Plan Parcial.
- La constructora Aifos pagó 5 millones de euros por los convenios urbanísticos del Guadalpin Banús.
- Cristóbal Peñarroya pagó 35.000 euros en diciembre de 2005 por la aprobación del proyecto de ejecución de
- Construcciones Salamanca pagó más de 1 millón de euros por los convenios en Nueva Andalucía y Lomas del Rey.
- Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokan, pagó al Ayuntamiento 600.000 euros para realizar unas obras de acceso a sus oficinas.
- Roca permutó un edificio comercial del Ayuntamiento en Puerto Banús en la plaza Antonio Banderas por unos locales de poco valor. El edificio es vendido a Tomás Olivo por 7 millones de euros.
- Cobró 600.000 Euros de Tomás Olivo para promover la caducidad del expediente de revisión de oficio de las licencias de la ampliación de
- Fidel San Román pagó más de 5 millones de euros para la firma de un convenio.
- Carlos Sánchez y Andrés Lietor pagaron más de 4 millones y medio de euros, más cuadros, caballos, coches y relojes por licencias contrarias al Plan, entre ellas la de
- Gianni Montaldo habría pagado 300.000 euros por obtener dos licencias.
- José María González de Caldas, ex presidente del Sevilla, pagó 60.000 euros también para una licencia de primera ocupación en el Señorío de Marbella.
- Francisco Zambrano del Pozo, propietario de la lujosa urbanización La Alzambra, pagó 45.000 euros para obtener un acuerdo de
- Eusebio Sierra Sánchez, vicepresidente de PROMOTUR, pago 60.000 euros para obtener el reconocimiento de una deuda del Ayuntamiento.
- Manuel Lores Romero pago 50.000 euros para obtener una licencia para su hotel Lorcrimar.
- La profesionalización de la corrupción: La estructura de Roca
Durante estos últimos años Roca había amasado un patrimonio inmenso, incluso le prestaba dinero a Jesús Gil. Desde el comienzo cuenta con el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta – Soriano Pastor para el diseño de estructuras societarias complejas que siempre tienen origen en paraísos fiscales. El mismo Soriano Pastor reconoció ser “un simple fiduciario de Roca” al que calificaba como “el dueño de todo”. Conforme la organización se amplía necesita más testaferros, más contables y más abogados. La contabilidad estaba a cargo de Salvador Gardoqui, quien es detenido en su lugar de nacimiento, Pamplona. Con el fin de centralizar la gestión de sus compañías abre el despacho MARAS ASESORES, que emplea a varios economistas y administrativos. Asimismo contrata los servicios del abogado de origen alemán Juan Hoffmann, que también será su socio en algunos negocios. Hoffmann se encarga de la gestión de las empresas matrices en los paraísos fiscales.
La organización de Roca se hace más compleja y decide contratar a las abogadas María Castañón y Raquel Escobar Primo, quienes supervisan los convenios y las licencias respectivamente. La colaboración de estas letradas se manifiesta necesaria al negarse, el jefe jurídico de urbanismo Jorge González, a
También contaba con un jefe de seguridad, Jaime Hachuel Fernández, cuñado del ex presidente del Partido Andalucista Julián Álvarez, que difícilmente puede alegar desconocimiento de todo lo que pasó en Marbella, entre sus vinculaciones familiares y de partido. Jaime Hachuel disponía de
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