En alguna ocasión se había procedido a disolver algunas pequeñas pedanías en Castilla y León, pero era la primera vez que auténticamente se liquidaba un gobierno salido de las urnas en la democracia española. Disuelto el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Málaga, presidida por Salvador Pendón recibió el encargo de formar una comisión gestora que dirigiera a Marbella hasta las elecciones municipales a celebrarse en un año. El Partido Popular sabía que era un momento óptimo para las elecciones, por eso se lanzó a la calle recogiendo 50000 firmas para forzar su convocatoria. El día que se presentaron las firmas Chaves acudió a Marbella con Paulino Plata, futuro candidato a la alcaldía, para presentar un “Decálogo de actuaciones en Marbella” y respaldar así la formación de la comisión gestora.
Antes de nada era preciso aprobar un reglamento para la constitución de la gestora. Por parte del PSOE negociaban Pendón y Marisa Bustinduy, Secretaria General del PSOE en Málaga. Por parte del PP se encontraban Joaquín Ramírez y Francisca Caracuel, mientras que por parte del Partido Andalucista acudió un Pedro Pérez (todavía no imputado) que ni siquiera se había leído el borrador del Reglamento cuando llegó tarde a la reunión. En primer lugar se decidió sobre quien recaería la presidencia, que lógicamente fue asignada al PSOE, el resto de partidos se conformó con una vicepresidencia. Posteriormente se pasó a asignar las vocalías que se harían cargo de las distintas competencias municipales. El primero en decidir fue el PSOE que eligió urbanismo, posteriormente el Partido Popular optó por hacienda e Izquierda Unida asuntos sociales. Decididas las áreas de actuación se negoció el Reglamento que regularía la primera gestora que sustituía a los representantes democráticamente elegidos por el pueblo.
El equipo del Partido Socialista estaba encabezado por el abogado malagueño Diego Martín Reyes, quien paradójicamente fue el abogado del primer esposo de Isabel García Marcos en su divorcio. Para depurar el área urbanística se eligió a Rafael Duarte, un joven abogado quien en el ejercicio de su profesión había redactado el convenio sobre la finca “La Parrada” que llevó al alcalde de Manilva Pedro Tirado a la cárcel por el caso Ballena Blanca. Duarte también había ayudado a Ecologistas en Acción en algunas de las denuncias contra el Ayuntamiento de Marbella. Su estrecha relación con Javier de Luis lo llevó a nombrarle coordinador del área urbanística. La elección de los vocales del Partido Popular fue polémica desde el principio. La cabeza visible era el conocido abogado Salvador Guerrero quien defendía en su despacho a varios imputados en la operación Malaya. El hecho de que no quiera renunciar a su defensa, dejaba sus funciones en un claro conflicto de competencias.
Salvador Guerrero llegó a tomar posesión de su cargo, pero dimitió a las pocas horas debido a una llamada de Antonio Sanz, Secretario General del Partido Popular de Andalucía a Ángeles Muñoz. No obstante fue Francisca Caracuel, mano derecha de Ángeles Muñoz, quien le pidió que renunciara a su acta de vocal de la gestora. Paradójicamente ella había sido la impulsora de su elección. Por parte de Izquierda Unida se eligió a un joven y prometedor periodista, Rafael Díaz y a Miguel Zorrilla. El Partido Andalucista escogió a dos técnicos municipales, Ricardo García Moro y Florentino Pérez.
Los dieciséis elegidos fueron convocados en el plenario de la Diputación el día de la aprobación del Reglamento para aceptar su nombramiento, que entre otros asuntos contemplaba la obligación de no concurrir como candidatos en las próximas elecciones municipales. La expectación era impresionante. Docenas de medios de comunicación esperaban el desarrollo de los acontecimientos como algo histórico y allí dieciséis personas, la mayoría sin experiencia política se enfrentaban a un asunto tan desconocido como complicado. La labor de la Gestora no fue sencilla, puesto que se encontraron un Ayuntamiento en un estado ruinoso. Muy pronto pudieron comprobar hasta que punto la financiación muncipal era irregular y que la única forma de pagar la cuantiosa nómina de los trabajadores por métodos formales era acudir a un crédito extraordinario de la Junta de Andalucía. Durante algunos meses se temió que no hubiera suficientes fondos para las cuantiosas nóminas de los trabajadores motivo por el cual el presidente de la Gestora llegó a advertir que “los Ayuntamientos no quiebran, pero si que dejan de pagar”. Finalmente el dinero llegó en forma de “anticipo reembolsable” otorgado por la Junta de Andalucía. Para la concesión del anticipo hizo falta la aprobación de una ley específica, lo que despertó la suspicacias de otros Ayuntamientos que acudieron al Consejero de Economía para recibir el mismo trato financiero que Marbella. Griñán respondía a los alcaldes que para concederles el anticipo primero tendrían que retirar las competencias y después disolverlos. Lógicamente los alcaldes volvían con el rabo entre las piernas y sin un euro para sus arcas municipales maltratadas por la crisis inmobiliaria.
Conseguidos los fondos necesarios para el normal funcionamiento de la Gestora, el Ayuntamiento comenzó la revisión de licencias, concesiones y convenios. Rafael Duarte se hizo cargo de la revisión de 700 de las 1400 licencias ilegales otorgadas durante el Gilismo. Este procedimiento no está sujeto a la voluntad de la administración, es una obligación reglada por ley. La Junta de Andalucía estaba muy interesada en la revisión puesto que la figura jurídica del delito contra la ordenación del territorio sólo existía a partir de 1997 y por tanto la revisión administrativa era el único camino que les quedaba. Con todo, han quedado otras 700 licencias pendientes de revisar y el nuevo ayuntamiento nacido de las urnas se ha negado en rotundo a proceder. El motivo es la posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento al haber realizado un acto administrativo lesivo contra la sociedad. No obstante, aun cuando el Ayuntamiento de Marbella no pudiera hacer frente a las responsabilidades derivadas de sus actos, la Junta de Andalucía es responsable civil subsidiaria de los actos que lo permitieron, porque es la responsable de la supervisión de la actividad urbanizadora de los ayuntamientos y reaccionó tarde ante los desmanes de Gil. Una de las revisiones más importantes, por su cuantía, fue la del Centro Comercial que el Corte Ingles tiene en Puerto Banús. Su ampliación, más de 5000 metros de suelo comercial, se ejecutó sin la licencia necesaria, sobre un suelo destinado a ser equipamiento público. La gestora, a iniciativa del vocal de urbanismo, impuso una sanción de seis millones de euros sobre el centro comercial provocando una desairada reacción del Ministerio de Comercio.
Paralelamente, José María Ruiz Povedano, Director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía en Marbella atendía a los representantes de los interesados en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Por su oficina pasaron distintos personajes, desde los promotores que querían legalizar sus irregularidades, hasta un empresario que pretendía levantar una torre de más de 30 plantas en un solar que había adquirido del Instituto Nacional de Industria. Tuvo más interés la visita del antiguo funcionario de urbanismo, y actual Director de Planeamiento, Federico Guardabrazos, en representación del empresario imputado en la operación Malaya, Cristóbal Peñarroya. Se trataba de la tramitación de un Plan Parcial denominado “La Reserva de Marbella”. La citada urbanización es un proyecto de más de 3000 viviendas. Entre las visitas curiosas encontramos la de José María Rosell, administrador de Hoteles Playa, S.A. El redactor del Proyecto de ejecución del inmenso edificio que domina el corredor verde del Arroyo Guadalpín es Montaner, quien fuera Delegado de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
Asimismo Rosell está casado con Maria del Mar Agüero Ruano, senadora y presidenta del Partido Popular en Almeria, así como secretaria segunda en la comisión de medio ambiente del partido.
No es de extrañar que José Maria Rosell, presidente de la patronal de empresarios no se preocupara cuando Isabel García Marcos dijo que “no le temblaría el pulso para firmar la demolición del Hotel Senador”. Paradójicamente, no le tembló para conceder todos los permisos. REPETIDO
Rosell no mostró preocupación a Povedano, a pesar de que el hotel se encontraba en terrenos calificados como “equipamiento público”. UNICAJA en lugar de dotar a la sociedad de servicios públicos, tal y como rezan sus estatutos, se los quita. Pero Rosell sabía que no tendría ningún problema, esta era la respuesta que daba a en un entrevista, publicada en la revista “Galería de Empresarios Andaluces”
"Nos ofrecieron un terreno en Marbella, una finca libre de cargas, la compramos, el Ayuntamiento nos dio la licencia y ahora nos dicen que no se ajusta al plan del 86. Si en el futuro se impone el sentido común, se tendrá que resolver. Este hotel no es producto de ningún convenio".
El problema es que la finca no estaba libre de cargas, la licencia era ilegal y ellos conocían la demanda interpuesta por la Junta de Andalucía ante el Superior de Justicia. El Hotel Senador ha sido legalizado a cambio de unos apartamentos. REPETIDO
El habitual conflicto de intereses públicos y privados se da actualmente con Federico Guardabrazos, quien asesora por las tardes al promotor imputado, actividad que compagina con su cargo en urbanismo. Esto lo puede hacer gracias a la compatibilidad recientemente otorgada por el Ayuntamiento.
Guardabrazos no es el único funcionario público que ha compatibilizado su condición de funcionario público con una actividad de asesoramiento privada. Según el Tribunal de Cuentas, hasta siete funcionarios públicos asesoraban a sociedades como empresarios autónomos. No eran los únicos, a veces los cónyuges de los funcionarios se convertían en expertos urbanistas capaces de redactar el más complejo proyecto inmobiliario. El conflicto de intereses se agravaba cuando las sociedades facturadas eran del mismo Ayuntamiento de Marbella para el que prestan servicio como funcionarios. Todos estos hechos han quedado impunes, y los funcionarios siguen en sus cargos de responsabilidad municipales. Facturaron más de 168.000 euros, previa obtención de la compatibilidad para cobrar del Ayuntamiento un sueldo y de sus empresas como autónomos. Las actividades por las que cobran los trabajadores públicos son “coincidentes con la que realizaban en el Ayuntamiento como funcionarios, lo que carece de sentido y, en consecuencia, los pagos pudieran considerarse indebidos” según el informe del Tribunal de Cuentas. Asimismo hasta cinco de estos ímprobos funcionarios cobraron sobresueldos por la “mayor dedicación por trabajos extraordinarios durante tres horas diarias en jornada de tarde”. El total de los pagos asciende a 216.000 Euros .Recientemente, Guardabrazos ha obtenido la concesión de ese plus por mayor dedicación.
En otras ocasiones, el empresario al que se le denegaba la licencia recibía la recomendación de Roca de acudir a determinados estudios integrados por los mismos arquitectos que les habían denegado la licencia. Por supuesto, después de unas ligeras modificaciones, y una cuantiosa factura, la licencia era otorgada.
Con respecto a las concesiones administrativas, el nuevo gobierno ha continuado con la labor de la Comisión gestora en la revisión de los centenares de permisos de uso sobre suelo público, la mayoría con numerosas irregularidades. Una de las más llamativas fue una que ante la imposibilidad de vender un suelo municipal, se le otorgó una concesión, que se aprovechó para edificar una macro urbanización. Es decir, que el promotor, imputado en la operación Malaya, pretendía vender unos apartamentos construidos sobre suelo público. Las concesiones administrativas más notorias, son las de los Restaurantes “La Pesquera” propiedad del empresario Ramón Mesa. Algunas de ellas, otorgadas por un precio ridículo, ocupan plazas y espacios públicos. Actualmente se encuentran en revisión.
También es conocida la concesión de transporte público y estación de autobuses a la empresa Portillo. La concesión del transporte urbano se hizo, presuntamente, gracias a la comisión del delito de cohecho. Las cantidades pagadas presuntamente por la concesionaria se repercuten diariamente en un pero servicio a los ciudadanos de Marbella.REPETIDO
Pero no sólo se han construidos urbanizaciones y restaurantes sobre suelo público, también centros comerciales, que funcionan sin licencia de apertura, sobre terrenos destinados a polideportivos o infraestructuras.
Por último, la Gestora intentó denunciar el convenio laboral del Ayuntamiento con la empresa municipal Gerencia de Obras, al entender que otorgaba unos privilegios a los trabajadores superiores a los permitidos por la Ley. Gracias a la presión de los trabajadores y el temor de los partidos a contrariar a los trabajadores municipales, la Gestora tuvo que cesar en su empeño por restaurar la legalidad en las relaciones laborales del Ayuntamiento. (No fue Gerencia de Obras, fue el convenio de los empleados municipales. Se había elevado informe al Consejo Consultivo que dictaminó que eran ilegales algunas de sus cláusulas. El miedo entre los partidos se desató y casi disuelven la Gestora).
La Comisión Gestora había dado fin al mayor sistema de corrupción municipal que ha vivido la democracia española. Fue entonces cuando comenzó la regeneración democrática de Marbella, puesto que fueron ellos los que lucharon para reinstaurar el Estado de Derecho en Marbella. Pero ¿Ha acabado realmente el Gilismo? La respuesta es tristemente negativa y es posible que sus profundas heridas tarden mucho en cicatrizar. Se puede observar fácilmente como en Estepona se han repetido las mismas pautas de corrupción: utilización de empresas por el Ayuntamiento, estrecha relación con los promotores, confusión de los intereses públicos y privados, permisividad de la Junta de Andalucía, etc.
Jesús Gil dirigió el Ayuntamiento como si de una empresa suya se tratara. Sustrajo recursos de los ciudadanos en su beneficio y colocó a centenares de personas en las instituciones municipales, hipotecando su futuro. El Tribunal de Cuentas ha puesto de relieve como el personal del Ayuntamiento aumentó un 500 por ciento durante su etapa de gobierno llegando a comprometer más del 75 por ciento del presupuesto municipal en detrimento de los ciudadanos que apenas disponen de un 5 por ciento de inversión en bienes públicos. Este proceso continuó con Julián Muñoz, quien contó con la inestimable ayuda de José María del Nido Benavente, enajenando el patrimonio municipal del suelo a promotores. Marisol Yagüe continuó la labor colocando, otra vez, a centenares “de los suyos” que desvalijaron (presuntamente) lo poco que quedaba: concesiones, contratas, y licencias; terminando de convertir el Ayuntamiento de Marbella en un nido de enchufados y estómagos agradecidos. Desgraciadamente no podemos afirmar que este proceso se haya revertido, puesto que el número de empleados municipales, lejos de disminuir, sigue aumentando, rozando la barrera de los 4000 empleados. Todo esto ha creado una trama de intereses ocultos que resulta realmente muy difícil de deshacer. Las leyes que burlaron los anteriores gobernantes para colocar a los suyos, son las mismas que ahora les amparan imposibilitando, en la mayoría de los casos, su despido.
Respecto a la sociedad de Marbella, ha sido testigo silencioso del ascenso de gente sin preparación ni mérito alguno que se lucraba inmensamente, creando una cultura del pelotazo difícil de erradicar. Se han dilapidado casi todos los bienes públicos, puesto que se utilizaron como pago, otros se pusieron en el mercado y una vez privatizados, es muy difícil recuperarlos. Como dijo Rafael de la Fuente, el Gilismo es una patología sociológica que se infiltra en todos los estratos de la sociedad. Un claro ejemplo de la mercantilización marbellí es la generalización de “las comisiones”. Cualquier recomendación conlleva el pago de una retribución económica. Por ejemplo, si llamas a la grúa y necesitas un taller te recomendarán uno que previamente ha pagado para que les reverencien ¿? clientes. Siguiendo con otros ejemplos sobre los niveles donde ha llegado la codicia, no dude, que el administrador de la comunidad de propietarios de su segunda residencia cobra comisiones de los proveedores que contrata. Lo hace la mayoría. Podría continuar, pero comprenderá el lector que una persona que aspira a vivir en Marbella, debe tener un mínimo de prudencia. También es obligado decir que no han podido robar el sol, ni la hospitalidad de sus gentes, ni la profesionalidad de sus hosteleros y otros profesionales. Marbella está herida, pero puede salir del trance con el esfuerzo de sus ciudadanos.
No sólo en Marbella ha hecho daño el Gilismo. Recientemente, Rafael Duarte señalaba a la forma de gestionar del GIL como culpable de la trama de corrupción que ha asolado también Estepona. Efectivamente, los gobernantes creen que pueden sustraer recursos del patrimonio municipal del suelo para dedicarlo a fiestas o personal, cuando la Ley lo prohíbe taxativamente. Hará falta mucho esfuerzo y ejemplaridad para sanar a la sociedad de esa enfermedad.
Desde finales de 2005 comenzaron a aparecer una infinidad de partidúsculos políticos atraídos por la posibilidad de conseguir representación municipal. El sistema estaba en peligro y parecía necesario que los dos grandes partidos retomaran el poder en Marbella. Ciudadanos y empresarios percibieron con acierto y madurez democrática esta necesidad. La campaña electoral duró en Marbella un año, aunque algunos partidos ya empezaron dos años antes. Desde que se constituyó la Comisión Gestora, Ángeles Muñoz comenzó una campaña de acoso y derribo contra la misma, asegurándose que nadie le arrebatara una victoria que con su esfuerzo y constancia se estaba ganando desde hacía 7 años. La campaña fue muy intensa. El Partido Popular comenzó a abrir “oficinas de atención al ciudadano” en todos los barrios, llegando a alcanzar hasta 13 sedes electorales. Se intentó justificar el gasto asegurando que eran militantes del Partido Popular los que cedían gratuitamente las sedes. Falso. El principal mecenas del Partido Popular es un empresario llamado Ricardo Pérez Reales. Pagaba los alquileres de muchas de las sedes y contrataba a aquellas empleadas que se conformaban con recibir el sueldo en un sobre sin estar aseguradas. La sociedad que las contrataba, Fuente Jabalina S.L., opera en Murcia como empresa agropecuaria. Por tanto las secretarias del Partido Popular en Murcia estaban dadas de alta en Marbella con el beneficioso régimen de “peones agrarios”.
Un año antes, Gaspar Zarrías había convencido a Manuel Chaves para enviar a Paulino Plata, Consejero de Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, como candidato a Marbella, aun en contra de su propia voluntad. Zarrías mataba dos pájaros de un tiro, en primer lugar, se quitaba un rival político de encima y de paso pensaba que podría contener la fuerza del Partido Popular en Marbella. Erraba en la segunda de sus intenciones. Aun vencido y derrotado, Paulino Plata se negó a dejar su cargo de Consejero y comenzar una campaña que en Marbella ya estaba lanzada. Tan sólo se dejo ver unas pocas semanas antes de las elecciones pensando que con su imagen bastaría para obtener la victoria.
Un total de trece partidos presentaron candidatura. La mayoría de ellos acudieron atraídos por la posibilidad de arañar un concejal y convertirse en bisagra imprescindible del nuevo gobierno municipal. El comienzo de la campaña fue realmente crispado, ya que al no presentarse el Grupo Independiente Liberal dejaba sin propietario el 55 por ciento de los espacios electorales (paneles, espacios publicitarios en Radio Televisión Marbella, etc.). El Delegado de la Junta Electoral de Zona decidió repartir estos espacios entre todos los partidos políticos por igual, pero el representante del Partido Popular recurrió la decisión ante la Junta Electoral de Zona, que siempre se mostró favorable a los dos grandes partidos políticos, decidiendo repartir los espacios electorales, así como los espacios públicos para la celebración de mítines entre los dos grandes partidos. Incluso un secretario sin competencia para hacerlo prohibió un acto de un partido local en un restaurante que fue disuelto por la policía local. Estos hechos fueron denunciados ante el juzgado de guardia, que por motivos inconfesables avisó a los denunciados de los hechos que se les imputaban. Las diligencias especiales 1/2007 siguen durmiendo en algún cajón olvidado de los juzgados. El Partido Popular y el Socialista se repartieron finalmente los espacios electorales dejados por el Grupo Independiente Liberal. En realidad la maquinaria electoral de los grandes partidos no era necesaria, puesto que los ciudadanos ya se habían dado cuenta que sólo con la ayuda de las grandes instituciones Marbella podría salir de tan difícil trance.
Los dos grandes colectivos empresariales APYMEM (Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa) y el CIT (el Centro de Iniciativas Turísticas, que opera como patronal empresarial en Marbella) jugaron un papel muy activo durante la campaña. La primera asociación es una pantalla de su presidente, Antonio Núñez, para captar clientes para su gestoría. Se inclinó por el Partido Popular, llegando a realizar un mailing masivo a todos sus asociados anunciando un “contrato electoral” con este partido. La segunda Asociación, muy dependiente de las subvenciones que recibe de la Consejería de Turismo, se decantó por Paulino Plata, lo que no puede dejar de ser una paradoja, máxime cuando la directiva es fruto de un complot urdido por Juan Antonio Roca para colocar a gente afín al poder político. El Ayuntamiento de Marbella pretendía cesar a la directiva del CIT, pero Miguel Gómez obtuvo el apoyo de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), motivo por el que adelantó las elecciones para evitar que se produjeran después de las autonómicas y generales, cuyo resultado podría debilitar su apoyo institucional.
No sólo los empresarios influyeron en la campaña, también los trabajadores del Ayuntamiento presionaron a los candidatos. Los sindicatos los invitaron a un mitin conjunto en el palacio de congresos para hacerles firmar un “contrato electoral” con el objetivo de ver asegurados sus puestos de trabajo. La verdad es que la reunión tuvo sus similitudes con una subasta electoral donde se adjudica el voto al mejor postor. El colectivo de lo empleados municipales es muy importante, merecen todo mi respeto. Ahora bien, ha llegado la hora de preguntarse ¿es lógico que en apenas 10 años un Ayuntamiento quintuplique los sueldos de los empleados municipales, pasando de un 35 a un 75 del presupuesto municipal? Como apunta el Tribunal de Cuentas, gran cantidad de trabajadores (no todos) han sido contratados a dedo, sin respetar los principios de capacidad, mérito e igualdad de oportunidades que consagra nuestra Constitución, injusticia que redunda en los servicios públicos.
Las elecciones fueron ganadas de forma justa por el Partido Popular dirigido por Ángeles Muñoz, pero quizá debido a una campaña excesivamente dura, provocó que se realizaran promesas difícilmente realizables a medio plazo.
