La corrupción judicial en Marbella

La situación de la Justicia en España no es óptima, pero en la Costa del Sol roza el colapso. En Octubre de 1987 un joven inspector de Poder Judicial llamado Baltasar Garzón inspeccionó los Juzgados de Marbella, concluyendo que: “se puede llegar a una situación muy peligrosa de alcance difícilmente previsible. Constituye un caldo de cultivo propicio para la existencia de corrupción y corruptelas en un lugar de tanto desarrollo económico como Marbella”. En este mismo informe el magistrado denunciaba "los gravísimos retrasos en la tramitación" en el Juzgado de Instrucción número 2 así como la "actuación negativa para la administración de justicia del oficial don Juan Ramírez".

En Abril de 1993 la juez Blanca Esther Díez investigaba la denuncia contra Felice Cultrera, personaje vinculado a la mafia calabresa por el Tribunal Supremo, y su socio Gianni Mennino. Según esta querella Cultrera y Mennino habrían estafado (presuntamente, claro) a Giocchino del Din haciéndole creer que ganaría dinero fácil y rápido dando “el pase” (especulando) con la compra del hotel y casino de Nueva Andalucía, cerca de Puerto Banús. Cultreta y Mennino habrían falsificado una opción de compra sobre el casino transmitiéndola a Del Din por un millón trescientos mil Euros. Poco después se percató que el Hotel no estaba en venta y no existía el interesado comprador. El dinero ya había sido ocultado en un entramado societario de origen suizo. El funcionario de los juzgados Juan Ramírez, padre de la juez decana Pilar Ramírez, habría sido utilizado de “gancho”, papel por el que cobró 48.000 Euros, siendo acusado de cómplice de delito de estafa.

Cultrera relacionado con el capo de la mafia ruso detenido en el marco de la operación Petrov, constituyó la gibraltareña Larashe Investment, corporación cuya gestión compartía con Juan Ramírez, hermano de la juez decana de Marbella. Se da la coincidencia que Juan Ramírez y la hermana de la actual alcaldesa, Ana Muñoz Uriol, eran socios de Fisher Island. El entramado puede resultar complicado, pero tan sólo es un mecanismo de control de Cultrera sobre su testaferro Juan Ramírez, padre de la ex juez decana de Marbella.

Cinco meses después el denunciante retiró la querella, pero, puesto que el fiscal actuó de oficio, interpusieron un juicio ficticio y paralelo en Roma, del que fueron absueltos, alegando la “excepción de cosa juzgada” motivo por el que fueron absueltos en España en el año 2000.

Tras Garzón, un segundo inspector, Ignacio Sierra, pidió oficialmente la investigación de Ramírez, por estafa en el mismo juzgado en que trabajaba. La juez Blanca Esther Diez encarceló a Ramírez y denunció una supuesta trama judicial, siendo a su vez denunciada por Ramírez, que consiguió que la inhabilitaran por revelación de secreto sumarial.

Resulta vergonzoso para un estado de derecho que el denunciante de un delito se convierta en denunciado y finalmente castigado por intentar que se cumpla la Ley. Es propio de un Estado del Mal. Tampoco se puede explicar como el Consejo General del Poder Judicial permitió que el funcionario judicial Ramírez poseyera empresas inmobiliarias domiciliadas a nombre de su hijo y que su otra hija, la juez decana Pilar Ramírez conociera de causas que le afectaran.

Aunque se puede poner un poco de luz cuando se conoce que Juan Ramírez actuaba en determinados negocios jurídicos con representación notarial del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, José Luís Manzanares, el cual intentó sin éxito que se liberase a su representante de la prisión preventiva. Manzanares también participo en unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Marbella, tal y como muestra la fotografía en el Anexo, con el concejal de Seguridad Ciudadana.

No fue la única relación del Ayuntamiento con la presunta trama del Juzgado de Instrucción numero 2. El colaborador de Ramírez, Francisco Navarrete, fue acusado de ser participe de " gravísimos retrasos en la tramitación" y corresponsable del descontrol existente en el Juzgado. No obstante, el Ayuntamiento le procuró un puesto de trabajo, también en la Policía Local de Marbella

Los vecinos de Marbella se concentraron contra la corrupción judicial por primera vez el 29 de junio de 1993. Un grupo de ciudadanos denunciaron la corrupción judicial frente a los tribunales de Marbella, pero fue totalmente inútil, la Justicia había abandonado a los ciudadanos de Marbella a su suerte.

No fue la última vez que se vincularía a la familia Ramírez con tramas judiciales corruptas. El padre y hermanos de Ramírez administraban diversas promotoras inmobiliarias y fue con una de ellas, Bellantoni Puerto SL, la propietaria de una parcela de 118.875 metros cuadrados, con quien firmaron en Julio de 1993 un convenio urbanístico donde se recalificaba el terreno que cambiaba su calificación de “residencial” a “hotelero”. Asimismo el Ayuntamiento transmitió el 10 por ciento que le correspondía para la construcción de equipamientos públicos, uno de los modus operandi mas utilizados por el Gilismo.

Hasta aquí, ninguna de las operaciones descritas puede ser calificada como ilegal, aunque inmoral desde luego. Con la transmisión masiva de los equipamientos se destroza la planificación del territorio, empero aún no se puede calificar estos actos como de prevaricación ni de cohecho. En algunas cláusulas de este convenio se fijaba un pago de 1.1 millones de Euros, mientras que en otras se fijaba un pago de 3.7 millones, fuera cual fuera la cantidad pagada, según público el periódico EL MUNDO, cantidad que fue cobrada en Suiza.

Finalmente Pilar Ramírez fue recusada por la Fiscalía Anticorrupción y apartada por el Consejo General del Poder Judicial cautelarmente el 28 de julio de 1999. En Febrero del año 2000 la jueza Ramírez fue apartada de la carrera judicial, consiguiendo que el Tribunal Supremo conmutara su pena por 4 años de suspensión por sus relaciones familiares con promotores vinculados al GIL y por no inhibirse de asuntos que le afectaban.

La organización criminal necesitaba vínculos en la judicatura local. Juan Antonio Roca conoció al juez Urquía en la conocida discoteca Marbellí “Olivia Valere”, tras ser presentados por un conocido de ambos, el hijo de Olivia, Arnaud Fabrice Albouhair. Roca enseguida trabó amistad con el juez, sabedor de la importancia de controlar en los tribunales a “uno de los suyos”. El juez Urquía pasaba un difícil momento personal, con problemas familiares y de salud, lo que aprovechó el capo de la Mafia Marbellí para poner sus tentáculos sobre él. Arnaud realizó diversas gestiones como intermediario para la compra de una vivienda para el magistrado y le pidió a Juan Antonio que “redactara el contrato sin identificar a la persona del comprador". En el contrato se preveía la entrega de 63.000 euros en efectivo, que es la diferencia entre los 420.000 euros que habían fijado como precio y el préstamo hipotecario que obtuvo. Según afirma Urquía, los 63.000 euros ” los pagó en parte con ahorros personales y el resto con dinero de su mujer", pero lo cierto es que Roca retiró 63.000 de la caja única de la entidad Maras Asesores, cantidad que coincide con la que el juez estaba obligado a pagar en dinero negro a la firma del contrato de compraventa.

La coincidencia de estas cifras no es la única circunstancia que une al juez De Urquía con Roca. Arnaud asegura a Roca que “la plaza de aparcamiento la vería Paco para decidir con cual se quedaba”

Tanto Urquía como Roca desconocen quienes eran los compradores y vendedores respectivamente, extremo de muy difícil encaje, puesto que nadie parece conocer a nadie en la probada transacción inmobiliaria. Lo cierto es que el inmueble se encontraba en Azalea Beach Fase III, construida por el promotor imputado en la operación Malaya José Miguel Villarroya.

Estas prebendas, lógicamente, exigían una contraprestación. En Octubre de 2005 el cerco sobre Roca empezaba a cerrarse, y el policía municipal y periodista Cristóbal Toro produjo y emitió a través de una televisión local de su propiedad, Telemar, un reportaje sobre el patrimonio y tren de vida de Roca desde el 10 de Marzo de 2006 , muy cerca del comienzo de la Operación Malaya. El 14 de marzo de 2006, aprovechando que un día antes había comenzado la guardia del Juzgado de Urquía, Roca interpone una denuncia a través de la procuradora municipal Irene Molinero, contra Toro, solicitando la suspensión inmediata del programa por “injuriante”. Una vez recibida del reparto, el día 15 inició las diligencias y estimó la medida cautelar prevista, sin apercibirse de que ésta no reunía los requisitos exigidos. A través de su intermediario habitual, Arnaud Fabrice, el juez Urquía le pidió a Roca que formulase la denuncia por medio de una querella contra la persona de Toro y solicitase un intento de conciliación, a pesar de haber ordenado ya el embargo preventivo del programa. La corruptela judicial descubierta entre Urquía y Roca significó la inmediata suspensión del primero y su sustitución por el juez Manuel Martín Hernández.

El caso más importante instruido por el juez Urquía era el “ Caso Hidalgo” . Fueron detenidas 23 personas, entre las que se encontraba el conocido abogado Cruz Conde, así como el Notario Mauricio Pardo.

David Shamoon es un empresario libanés que controla un holding de inversores árabes que invierten en Europa a través de sociedades en paraísos fiscales que utilizan Holanda como residencia de sus participadas. El dinero no sólo viene del petróleo sino también del tráfico de “diamantes conflictivos”. Según el sumario de la operación “ Hidalgo” Shamoon utilizó el Hotel Puente Romano y el Marbella Club para el lavado de dinero proveniente de operaciones criminales. A resultas de esta operación el Juez Urquía confiscó más de 90 millones de euros depositados en casi 700 cuentas bancarias. La sociedad propietaria de Puente Romano es Al Rima SA, mientras que Marbella Club Hotel SA controla el prestigioso establecimiento hotelero.

Al Rima, SA tiene por accionistas a Amiana, BV y Aria Holding BV mientras que MARBELLA CLUB HOTEL SA tiene como único accionista a Andra Investments BV. Las sociedades “BV” están domiciliadas en Holanda, país cuyos convenios para evitar la doble Imposición con las Antillas Holandesas y otros paraísos fiscales las hacen ideales para los Holding europeos cuyas ganancias acaban en un lejano paraíso fiscal.

Como forma de evitar el colapso de los dos hoteles más conocidos de la Costa del Sol, el dos de mayo se nombró a un administrador judicial. Para su nombramiento, en lugar utilizar los procedimientos habituales, el Juez Urquía utilizó a su amigo Igor Mier, al conocido Arnaud Valere y a Phillipe Junot. Igor Mier, editor de la revista del Centro de Iniciativas Turísticas “Marbella Sociedad”, se puso en contacto con un amigo suyo que se encargaría de la administración judicial de los Hoteles por la “modesta” iguala de 65.000 euros mensuales.

La intervención judicial no pudo ser más inoportuna para los intereses de su propietario, puesto que se disponía a vender el Puente Romano a la conocida cadena canadiense Four Seasons. El administrador judicial de los Hoteles era consciente de la situación, asunto que trasladó al juez y a su intermediario Igor Mier. Éste le hizo llegar una oferta al abogado de Shamoon, en la que por la “modesta” suma de 5.8 millones de euros se levantaría la administración judicial de los Hoteles. El abogado de Shamoon no se dejó amedrentar y denunció la extorsión ante elTribunal Superior de Justicia de Andalucía. Tras la acusación, el hijo de Shamoon gravó los encuentros con los extorsionadores, que le siguieron el juego exigiéndole una prueba de su amistad con Urquía. Como “demostración” de su influencia sobre el Magistrado, Igor Mier acudió junto a Urquía a la fiesta de inauguración de la discoteca de Puente Romano “Suite de Mar” aprovechando la ocasión para subir la extorsión hasta los 8 millones de Euros.

El plan se complicó al ser suspendido el juez Urquía por las dádivas recibidas de Roca. No obstante, dado el secreto del sumario la víctima no podía saber que el juez Urquía había perdido todo control sobre el caso. A comienzos de agosto del 2006 los imputados intentaron sin éxito el cobro de la extorsión algo que se reveló imposible con el levantamiento del secreto sumarial y la definitiva separación del Juez Urquía del Caso Hidalgo.