Los 17.000 inmuebles ilegales, entre ellos 17.000 viviendas habitadas

El resultado del urbanismo salvaje son 30.000 inmuebles fuera de ordenación, es decir desde el punto de vista administrativo, ilegales. Entre estos inmuebles 17.000 viviendas se encuentran habitadas. Estas viviendas las han adquirido personas, que, desde el punto de vista jurídico, son terceros de buena fe. Un caso paradigmático es el del Banana Beach cuya licencia de obras fue otorgada en Septiembre de 1998 apenas unos días después de la aprobación del Plan ilegal. El edificio se encuentra en terrenos calificados como equipamiento público, e invaden la zona de protección marítimo terrestre, es decir, que literalmente se introduce en la playa. Hay que reconocer que el conjunto es un auténtico monumento al salvajismo urbanístico. Se halla en mitad de la desembocadura de un arroyo, en zona inundable, si bien es cierto que el promotor, Avila Rojas, realizó un doble embovedado del arroyo.

En el Plan recientemente aprobado, esos terrenos son el punto del entrada del AVE a la ciudad, motivo por el cual el redactor Manuel Rodríguez Fustegueras ha decidido dejarlo fuera de ordenación condenándolo a la demolición. De hecho, la Consejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez solicitó la ejecución de la sentencia. Don Diego Martín Reyes, con buen juicio, interpuso un recurso aduciendo la imposibilidad de ejecutar la sentencia por un motivo bien sencillo: el Ayuntamiento dio licencia de obras y posteriormente de primera ocupación. Si estas licencias son ilegales, no es problema del comprador, que adquirió la vivienda estando libre de cargas y gravámenes. Por tanto, si el Ayuntamiento quiere demoler, primero tiene que indemnizar.

En este caso es notable la absoluta quiebra del Estado de Derecho. En primer lugar, tenemos un Ayuntamiento que da una licencia de obras manifiestamente ilegal que culmina con una licencia de primera ocupación igualmente irregular. En segundo lugar tenemos un juez que no paraliza cautelarmente las obras ante la denuncia de los ecologistas. En tercer lugar tenemos registradores que no anotan preventivamente la demanda, y en cuarto lugar notarios que no advierten de la carga urbanística que tiene el inmueble. Sin entrar en la responsabilidad moral de abogados, gestores y compradores, no es que todos hayan fallado, es que el sistema en sí ha fracasado.

Los jueces no paralizaban y cuando lo hacían era demasiado tarde, el edificio se encontraba terminado y vendido. Esto ha transmitido la idea que el urbanismo irregular era tolerable. Numerosas asociaciones, ecologistas y posteriormente la Junta solicitaban a los tribunales la paralización cautelar de las obras. Desafortunadamente, los tribunales interpretaban que no debían parar la obra, puesto que el hipotético perjuicio al promotor era mayor que el daño que pudiera causar la promoción ilegal. Se equivocaron y sus errores produjeron un daño irreversible. Al fin, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Andalucía, Bernardo de Quirós, corrigió la doctrina del Alto Tribunal, permitiendo la paralización cautelar de la obra e impidiendo la consolidación de edificio ilegal.

Los jueces han reaccionado dándose cuenta del daño hecho a la ordenación del territorio y recientemente manifestaron que “entrarían con la piqueta en las obras ilegales”. En mi opinión, no se trata de pasar de permitir lo ilegal a perjudicar al inocente que habita esa casa. El responsable de lo ocurrido es el Estado y al Estado le corresponde poner las soluciones al fiasco que han permitido.

La Junta de Andalucía es la institución garante de la legalidad urbanística, pero se dio cuenta tarde de lo que estaba ocurriendo. Se dio cuenta tarde, o no quiso darse cuenta antes, porque la realidad es que por cada vivienda vendida la Junta cobra sus impuestos, y gracias a éstos se construyen carreteras y hospitales. Un piso de segunda mano vendido por 200.000 Euros lleva en impuestos, desde la transmisión del solar, a la obra nueva, pasando por la primera transmisión y la segunda la friolera de 25.000 Euros en impuestos autonómicos. Sin tener en cuenta la recaudación del Estado que cobra el IVA en la primera transmisión.

La Junta, con el tiempo, se fue dando cuenta del terrible perjuicio que ocasionaba la ilegalidad urbanístico a los ciudadanos..Este daño proviene del hecho de que un edificio ilegal conlleva un aumento de la población que carece de los equipamientos necesarios como viales públicos, saneamiento, alumbrado, y deja obsoletos los servicios públicos como sanidad o educación. El resultado son ciudades sin infraestructuras y ciudadanos sin servicios públicos. Es por ello que la Junta de Andalucía comenzó a abrir expedientes por infracciones urbanísticas, llegando a los 4500 expedientes en el año 2005. De ellos, se derivaron más de un centenar de querellas criminales por delitos contra la ordenación del territorio, casi la mitad era de Marbella. También se han impugnado más de 1400 licencias sólo en Marbella. No obstante todavía quedan licencias ilegales pendientes de revisar. Y todavía está pendiente de abordar como ponemos remedio a la herencia del Gilismo que es sin duda una herencia de miseria y pobreza para los ciudadanos que de forma activa o pasiva permitieron que esto ocurriera.